No siendo suficiente, lo mismo se pretende con el solar donde se levantaba la antigua Aduana, cuyo edificio está protegido por el POUM, y con lo cual habría que levantarlo de nuevo reconstruyendo las fachadas, sin aumentar su altura y volumen. Además, calificado de uso hotelero actualmente, debería albergar un nuevo hotel que se sumaría a los esfuerzos del anterior alcalde Ferran por dinamizar económica y comercialmente el núcleo antiguo de Salou. Todas las sospechas apuntan que este nuevo gobierno hará justo todo lo contrario, con lo cual tendrá que dar cuenta no solo a los ciudadanos sinó muy probablemente a la Fiscalía. A los primeros por el destino de los cerca 2.500 millones de las antiguas PTA que la recalificación supondrá de aumento del valor del inmueble, después de pasarlo de hotelero a residencial; y a la Fiscalía por la razón de este cambio injustificable, a no ser que se recalifique como zona verde pública, que no sería mala idea, cumpliendo así con el interés social de la operación. Si éste es un lugar emblemático como apunta el concejal Pellicé, ¿porqué no se hace un concurso de ideas para diseñar y definir este espacio recuperándolo para uso público y de servicios? ¿Porqué más pisos en una zona de tanto valor y que podría tener un uso para disfrute de todos?
Ante este panorama de despropósitos manifiestos y de sospechas más que fundadas, sería una prueba de transparencia y de honestidad que Banyeres, Pellicé y Otal siguieran el ejemplo de otro edil de una ciudad muy próxima e hicieran anualmente declaración jurada de sus bienes y patrimonio. Incluidas participaciones en sociedades, claro.
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