FUPS y PP denuncian que el gobierno municipal adjudique un terreno público para la construcción de una escuela privada

Con la abstención de la Oposición y los votos favorables del gobierno PSC-CIU-RDS, el plenario aprobó el pliego de clausulas y condiciones que regirán la convocatoria para la concesión de un terreno de titularidad pública municipal situado en el Mirador de Salou, para la construcción de un colegio privado y de élite.

Los grupos de la Oposición no están de acuerdo que se destinen 40.000 m2 de superficie de propiedad municipal para la construcción y explotación de un centro de enseñanza privado sin que se garantice que la empresa adjudicataria sea una entidad sin ánimo de lucro. FUPS y PP entienden que “se debe evitar que se haga negocio con la educación y más siendo un terreno de propiedad pública”. Añaden que “solo una entidad sin ánimo de lucro garantiza que su objetivo sea única y exclusivamente la formación de los alumnos”.
Argumentaban además que “tampoco se garantiza que los alumnos de Salou tengan al menos un trato preferencial, contemplando matriculas más accesibles o gratuitas, dado que el terreno es del municipio”.

De TOTANA a SALOU
El negocio vinícola del alcalde Banyeres podría esconder también negocios inmobiliarios
Mientras que Banyeres sostiene que la actividad de la sociedad a la que pertenece sólo tiene intereses vinícolas (ocultando sus intereses turísticos e inmobiliarios), en Totana, una sociedad que sólo comercializaba con huevos fue registrada por las autoridades judiciales por estar imputada en delitos urbanísticos.
¿Se acuerdan de la trama de corrupción urbanística del municipio murciano de Totana, destapada el pasado mes de diciembre de 2007?
Resulta que supuestos pagos realizados a algunos políticos locales, incluido al alcalde, a cambio de recalificaciones de terrenos, acabaron en detenciones y arrestos. Y lo más curioso es que tirando del hilo se detuvo al propietario de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de huevos. Esta empresa fue la beneficiaria de una operación urbanística e implicada directamente en el caso.
¿Podría guardar ciertos paralelismos con la sociedad vinícola e inmobiliaria a la que pertenece Banyeres?. Segun desvelaba la cadena COPE en el mes de noviembre, “el alcalde de Salou, el socialista Antoni Banyeres, forma parte de una sociedad limitada con domicilio e Scala Dei, juntamente con 17 socios más. De estos, 9 son empresas dedicadas a la promoción y gestión inmobiliaria, y al menos 8 de ellas tendría intereses inmobiliarios directos en Salou”.
Seguía informando la emisora que “llama la atención que Banyeres tenga negocios privados y no conocidos hasta ahora con el constructor Josep Maria Huguet; y llama la atención que dos miembros de CiU con cargos públicos pertenezcan conjuntamente con el alcalde socialista a esta sociedad, teniendo en cuenta que uno de estos convergentes (Pascual Roche) tendría también intereses directos en otro solar pendiente de recalificación por el gobierno de Salou”.
Si a todo ello le añadimos la voluntad manifestada por el gobierno Banyeres de recalificar terrenos a uso residencial, donde algunos de sus socios “vinícolas” podrían tener intereses inmobiliarios, entonces cabe toda duda y fundada sospecha.

Escándalo por presunto fraude fiscal del Interventor

Mientras el gobierno intenta silenciarlo, la Oposición presenta denuncia ante la “Sindicatura de Comptes”
Los grupos municipales de la Oposición en el Ayuntamiento, FUPS y PP, presentaron al alcalde, Antoni Banyeres, escrito de denuncia instando a iniciar expediente disciplinario contra el Interventor municipal, Juan Manuel Hernández, para que fueran investigadas y determinadas las irregularidades contables y fiscales que cometió en las retenciones del IRPF, y en consecuencia le fueran aplicadas las sanciones correspondientes. El escrito también solicitaba que de forma cautelar, el Interventor fuera apartado del servicio; que fuera normalizada y regularizada la situación ante las administraciones perjudicadas; que se diera traslado de la denuncia a la Fiscalía de Tarragona, a la Delegación Territorial del Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes”; y que se realizara una auditoría al Patronato Municipal de Turismo.
Ante las fundadas sospechas, FUPS solicitó al Presidente del Patronato de Turismo, Marc Montagut (CiU), toda la información relativa a las retenciones en concepto de IRPF efectuadas sobre las cuantías percibidas por el Interventor como retribuciones complementarias por sus servicios de asesoramiento y asistencia al Patronato.
La información recibida reconoce literalmente que “no se tiene constancia de la práctica de ningún tipo de retención del IRPF a las cuantías percibidas por el Sr. Interventor, Juan Manuel Hernández durante los años 2003, 2004 y 2005”; por lo cual el hecho podría ser constitutivo de una falta grave según la normativa de la función pública; y según los años de comisión, podría incluso ser considerada como muy grave.
Según FUS y PP, “este gravísimo comportamiento del funcionario que debería ser el garante de la legalidad económica y contable del Ayuntamiento, debe ser puesto en conocimiento de la jurisdicción penal, por si fuera constitutivo, además, de delito de fraude a la Hacienda Pública”.
A la vista de ello, está claro que puede existir intencionalidad de defraudar por parte del Interventor, puesto que fue él mismo el beneficiario que se iba firmando los mandatos de pago sin la retención del IRPF. Además, las actuaciones realizadas podrían ser también constitutivas de un delito de falsificación de documento público.

El Alcalde y Pellicé (CiU) intentan silenciar el tema

La Oposición denuncia también que puede existir encubrimiento de los hechos por parte del actual equipo de Gobierno. En la última Junta de Portavoces celebrada el mes de octubre, el alcalde BANYERES y el regidor PELLICÉ intentaron silenciar el hecho proponiendo a la Oposición que no denunciara el caso; por lo que nos encontramos con un gobierno que deja clara su posición al respecto: no piensa hacer nada y se posiciona como encubridor y cómplice. Ello obliga a la Oposición a cursar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, ya que los hechos encubiertos por el gobierno podrian ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación.
Según FUPS y PP “existen toda una serie de intereses políticos que nosotros desconocemos, que en un sistema democrático y de derecho son incomprensibles e inadmisibles, y que hacen que este gobierno, pese a la gravedad de los hechos denunciados, protejan al Interventor”.

Otal, Montagut (CiU) y Pasquina, responsables políticos

Los grupos municipales de FUPS y PP acudirán también al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes” con el fin de que se investigue la contabilidad del Ayuntamiento de Salou tras las declaraciones del concejal de Planificación Territorial, PABLO OTAL, donde ingenuamente puso de manifiesto que durante el período en que él fue concejal de Hacienda “se practicaban ciertas corruptelas” cuando quiso acusar al concejal de FUPS, Pere Granados, de ocultarlas.
El informe que le sirve a Pablo Otal para manifestar que con el anterior gobierno se ocultaron “pequeñas corruptelas”, se refiere a las “ayudas sociales” de los trabajadores del Ayuntamiento; documento que fué dirigido a los Sindicatos para su oportuno conocimiento y como muestra de la voluntad del anterior gobierno FUPS-PP de regularizar la situación, que provenía de cuando OTAL era concejal de Hacienda.
El informe concluye que se debian abonar estas ayudas y proceder a su regularización en el ejercicio 2007. Regularización que, por cierto, debía hacer el actual equipo de gobierno, PSC-RDS-CIU, y que no ha hecho, pese a tener conocimento de este informe y del resultado de la auditoria en que se ponía de manifiesto este extremo.
Por lo tanto son responsables políticos de ello la actual concejala de Hacienda, Rosa PASQUINA y todo el quipo de Gobierno por encubrir las irregularidares tributarias cometidas por el Interventor.
Es importante destacar que estas irregularidades fueron cometidas durante los años en que OTAL fue concejal de Hacienda (2003-2005), y Marc Montagut (CiU) concejal de Turismo; y fueron detectadas justamente por los técninos de Hacienda cuando el interventor ya estaba destituido, y cuando Pere Granados ya era el titular del Área, y Alberto del Hierro titular de Turismo.
Fue en ese momento, una vez detectadas las irregularidades, que se actuó con total responsabilidad y discreción encargando una auditoria interna que investigara el asunto; pero que sospechosamente fue dejada sin efecto con la entrada del nuevo gobierno BAÑERAS-PELLICÉ-OTAL, evitando así la investigación de esta u otras irregularidades que se hubieran podido detectar.
Según apunta Granados (FUPS), “acudiremos a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas para que investigue la contabilidad de la Hacienda municipal entre los años 2003-2005, y para que descubra de una vez que quien acusa de corruptelas, el Sr. Otal, es quién las practica”.
Añadía que “nosotros estamos aquí para defender la legalidad de la gestión pública y para que se administren correctamente los intereses de los ciudadanos”.

Con amigos como Otal ........

Típico del concejal de Planificación Territorial, Pablo Otal. Cuando se las ve crudas tiene la habilidad de escurrir el bulto y cargar el muerto al amigo más próximo. En esta ocasión le ha tocado a su fiel escudero, el Interventor Juan Manuel Hernández. Resulta que para Otal, las irregularidades cometidas en la retención del IRPF “és una cuestión puramente técnica, y no tiene nada que ver con lo político”. “Ni Granados ni yo somos responsables”, decia. Muy bonito. Con amigos como Otal, al Interventor no le hacen falta enemigos. Y por cierto, que Otal vuelve a meter la pata al decir que si a alguien salpica este feo asunto de “corruptelas” es a “ellos”, refiriéndose a la Oposición. Pues que sepa todo el mundo que las supuestas “anomalias” como las califica Otal corrigiendo (por algo será que ahora les resta importancia) se hicieron cuando él era el responsable político de Hacienda y su escudero responsable técnico.

Un Ayuntamiento muy familiar: hinchado con amigos, parientes o miembros de los partidos que forman el gobierno de Salou

La familia OTAL se lleva a casa 89.000 euros del dinero que pagamos entre todos (casi 15 millones de las antiguas pesetas).
Los casos:

ANTONI BRULL (concejal del PSC):
- A su hermano se le aumenta el sueldo 2.000 euros.
- Su hijo pasa a formar parte de la Policía Local.
- A su cuñado se le renueva el contrato cuando tenia que haber acabado en diciembre.
- A la hermana del cuñado, también se la contrata.

MARTINA FOURRIER (concejala de CiU):
- Contrata al número 6 de la lista de CiU como cargo de su confianza.

SALVADOR PELLICE (concejal de CiU):
- Contrata al abogado de la Asociación Hotelera de cuando él era el presidente.
- Contrata al responsable de Prensa de la Asociación Hotelera de cuando él era el presidente.
- Incorpora a Pascual Roche como cargo de confianza (número 4 en la lista de CiU y miembro de la sociedad vinícola-turística-inmobiliaria a la que pertenece también el alcalde Banyeres).

SONIA GARCIA (concejala del PSC):
- Se contrata a su padre en la Brigada.
- Se contrata a la número 9 de la lista del PSC en el Área de Ocupación.

ZACARIAS HENAR (concejal del PSC):
- Se contrata a un miembro de la lista del PSC como inspector de Concesiones.
- Se crea el cargo de Secretaria de Regidors y se aumentan el sueldo a una funcionaria miembro del PSC.

ANTONIO BANYERES (alcalde PSC):
- Se contrata al responsable de comunicación del PSC en Salou como cargo de confianza.
- Se contrata a una íntima amiga como cargo de confianza en Alcaldía.
- Se contratan los servicios de su abogado y amigo personal.

PABLO OTAL (concejal de RDS):
- Crea un puesto y un cargo de privilegio para su mujer como coordinadora Interserveis de Serveis Territorials, con un sueldo de casi 38.000 euros. Entre éste y el suyo, de 51.000 euros anuales, la familia Otal se lleva a casa 89.000 euros del dinero que pagamos entre todos (casi 15 millones de las antiguas pesetas). A parte de su sueldo como maestro en el IES.
- Se crea una plaza de técnico para un miembro del Sindicato CATAC (brazo sindical de RDS).
- Se restituye al puesto de Tesorero al representante de RDS en las últimas elecciones, cuya mujer formaba parte de la lista.
- Se restituye al puesto de Interventor a Joan Manuel Hernández, amigo personal de Otal y miembro de su partido, con un sueldo de casi 120.000 euros anuales (20 millones de pesetas).

DANIEL LOPEZ (concejal del PSC):
- Al miembro de la ejecutiva d’ERC se le aumentan el sueldo con dos puntos mas de complemento de destino.
- Se mejoran las condiciones de trabajo de su amigo personal, con la creación de la plaza de técnico de Joventut.

ROSA PASQUINA (concejala del PSC):
- Se contrata a su hijo como monitor de deportes, aumentándole la jornada laboral.

La modificación del organigrama de trabajadores aprobado por PSC-CiU-RDS, responde al pago de favores y fidelidades políticas

Se crean 45 nuevas plazas que costarán a los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007 (casi 240 millones de las antiguas pts).
Según los grupos municipales en la Oposición (FUPS y PP) esta modificación obedece única y exclusivamente a razones políticas y al pago de fidelidades, y no a conseguir una mayor eficacia administrativa como se desprende de las pruebas y la reflexión que sigue.
Manifiesta la Oposición que, evidentemente, ello supone “un despropósito, teniendo en cuenta que el organigrama de trabajadores ya se aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas y sindicatos representantes de los trabajadores en el año 2006”. Añaden FUPS y PP que “este gobierno ha roto el consenso creado respecto a un tema de vital importancia, generando además situaciones injustas y agravios comparativos para beneficiar a unos funcionarios y perjudicar a otros, a la vez que algún despido por razones políticas y no por razones laborales”.
Por ejemplo, al Interventor le atribuyen funciones de coordinación de las áreas presupuestarias y de gestión tributaria; suponiendo un absurdo que la misma persona que ha de fiscalizar las cuentas y velar por su cumplimiento, también tenga que realizarlas y fabricarlas, y más teniendo en cuenta las irregularidades sobre las retenciones del IRFP. En cambio no se mantiene el mismo criterio con el puesto de Secretario, al que se le reducen competencias.
Por otra parte, se observa que no existe ningún equilibrio organizativo si comparamos unas áreas con otras (cosa que el Interventor y el Sr. Otal se preocuparon en su tiempo para que así fuera). Algunas parecen auténticos reinos de “Taifas”, dependiendo del partido político que la tenga en sus manos. Cada uno ha creado su propia estructura a medida y conveniencia. Las áreas que dirige Otal y su partido RDS las llenan de cargos intermedios, y si no se premia a sus especiales colaboradores sindicales con puestos de superior categoría, con los consiguientes incrementos salariales.
Se crean también cargos y nuevas plazas para pagar fidelidades de algunos funcionarios y algunas incluso llaman sospechosamente la atención, como la de coordinadora Interserveis de l’Área de Serveis Territorials, destinada específicamente a la mujer del Sr Otal; la de ordenanza de Reprografía para el hermano del Sr. Brull, y la de secretaria de Regidors, para un miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC.

Cargos de confianza
Como era de esperar, algunas de las 13 plazas de cargos de confianza que el gobierno ha ido creando, al dibujarlas en el organigrama, tienen difícil encaje. Se ve claramente que ni tienen personal a cargo ni siquiera funciones claramente definidas, como se puede extraer de las fichas descriptivas de sus puestos.

Es el caso por ejemplo del coordinador de participación ciudadana Sr. Roche, nº 4 en las listas de CIU, y F. Rubio, coordinador de concesiones, miembro del PSC.

Por lo tanto, este gobierno está “despilfarrando” el dinero público en la creación de plazas nuevas, contratación de personal de confianza y subidas salariales a los afines al régimen. Con el cambio organizativo de la RPT se crean 45 nuevas plazas, que nos van a costar a todos los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007. En total 14 millones de euros que suponen un 40% de gasto del total del presupuesto ordinario. Un gasto desorbitado que un Ayuntamiento como el de Salou, con los ingresos actuales, no puede absorber ni sufragar si no es haciendo lo que hacen: tener el municipio totalmente paralizado.

Ante la decisión del gobierno Banyeres de desestimar las reclamaciones y las alegaciones al Presupuesto y a la Relación de Puestos de Trabajo

La Oposición estudia presentar un contencioso ante los tribunales
Otal i Brull debían de haberse abstenido de votar mejoras laborales y salariales para su esposa y su hermano respectivamente.
El asunto arranca cuando los grupos municipales de FUPS y PP tuvieron que presentar, ante la Subdelegación del Gobierno, escrito de impugnación del Presupuesto 2008, la plantilla y el organigrama de puestos de trabajo aprobados en sesión plenaria de diciembre de 2007, por la arbitrariedad y clara vulneración de principios básicos de los acuerdos adoptados por el gobierno municipal, y por lo cual se solicitó, por parte de la Oposición, que se declaran nulos de pleno derecho.
La alegación más importante hacía referencia a la vulneración del principio de “moralidad administrativa”, que se articula mediante la abstención y la recusación. Justamente la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar el la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra un caso de parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, y que dado el caso de incumplimiento “se podrá promover la recusación” y la invalidez de los actos.
Así pues, según la aplicación de la legislación serian nulos de pleno derecho todos los acuerdos adoptados mediante los cuales se incrementa de forma particular el sueldo del hermano del concejal ANTONIO BRULL y se mejoran las condiciones exclusivas laborales de la esposa del concejal PABLO OTAL, creándole un nuevo puesto de trabajo; dado que son modificaciones singulares y específicas que afectan solamente a estos dos funcionarios.
Queda claro que debieron de haberse abstenido en la votación para la aprobación del Presupuesto, de la Plantilla y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

FUPS y PP interponen escrito de recusación contra Pablo Otal y Antoni Brull
Dado que el escrito de impugnación fue resuelto desestimándolo el pasado día 4 de febrero de 2008 por parte de gobierno municipal, sin que de nuevo se abstuvieran de la votación los concejales Antonio BRULL y Pablo OTAL, los dos grupos de la Oposición tuvieron que presentar escrito de recusación para que el alcalde, Antoni Banyeres, procediera a apartar a los concejales OTAL y BRULL de aquellos procedimientos de deliberación y votación donde concurran asuntos relacionados con los funcionarios familiares (esposa y hermano respectivamente).
Según FUPS-PP, “se da pues la paradoja, y una manifiesta ilegalidad, y por ello recusamos a estos dos concejales, de que la propuesta de acuerdo y la votación en la que se desestiman nuestras alegaciones que impugnan los acuerdos en los que han participado estos dos concejales es resuelta con el voto determinante de ellos mismos, incumpliendo una vez más lo establecido en la Ley”.
Añadian que “de acuerdo con la Ley, un concejal no puede participar en la deliberación, votación y decisión sobre la validez de su propio voto, por lo que en la sesión plenaria del pasado día 11 de febrero, Otal y Brull debieron de abstenerse en los asuntos donde se resolvía la impugnación; y como no lo hicieron, nos vemos obligados a acudir a los tribunales”.

Auditoría: facturas pendientes de la era Otal

La Auditoria encargada por el gobierno Banyeres sobre la situación económica municipal no descubrió nada. Solo desveló que existen deudas por facturas pendientes de pago que se remontan al año 2004 hasta el 2006, precisamente cuando el concejal de Hacienda era Pablo Otal. El remanente de tesorería que dejó el anterior gobierno FUPS-PP de casi 3 millones de euros, se tuvo que emplear en pagar esa deuda contraída por la mala gestión de Otal y el Interventor Juan Manuel Hernández.

FUPS exige al gobierno municipal que denuncie a El Mundo por la acusación falsa de manipulación de documentos públicos

Saltaba el pasado mes una noticia en el diario El Mundo en la cual se acusaba al Secretario General del Ayuntamiento de Salou de “sustraer documentos públicos para ser manipulados”.
En realidad correspondían a copias de actas de Juntas de gobierno y de plenarios de los años 2006 y 2007, en las cuales faltaba la firma del ex-alcalde, y por lo cual el Secretario decidió hacérselas llegar para validarlas.
Ante esta grave acusación de El Mundo, el equipo de gobierno se precipita a dejar claro que “no se tiene constancia que el contenido de estos documentos hayan sido manipulados”, además de anunciar que se reserva el derecho a tomar las medidas que considere oportunas una vez estudiadas las circunstancias y los hechos.
Por lo tanto, desde FUPS esperamos y exigimos que una vez comprobado que los documentos no hayan sido manipulados, el gobierno municipal no solo haga pública una nota de reprobación sino que curse la oportuna denuncia en los juzgados contra El Mundo por publicar acusaciones falsas y no contrastadas de “manipulación de documentos públicos”.

L’Oposició no assisteix a la inauguració de la Residència per a la gent gran

Amb motiu de protesta pel “cinisme” i la “hipocresia” de l’alcalde Banyeres
Els grups municipals de l’Oposició, FUPS i PP, van declinar la invitació a assistir a l’acte d’inauguració de la Residència sociosanitaria i centre de Dia per a la gent gran, amb motiu de protesta.
Els grups de l’Oposició van considar una “desvergonya”, una “indecència política”, i d’un comportament “cínic”, que l’alcalde de Salou, Antoni Banyeres, “inauguri ara allò que durant mesos va posar sota sospita denunciant presumptes irregularitats en la seva concessió”.
Recordem que l’actual alcalde, quan estava a l’Oposició, va denunciar en diverses ocasions la construcció de la Residència i els pisos tutelats complementaris, acusant a l’anterior govern de cometre certes irregularitats.
Per aquest motiu l’Oposició municipal no va assistir a l’acte, “amb motiu de protesta contra un actitud de falsetat, d’hipocresia i de joc brut emprada per l’alcalde Banyeres, amb la única finalitat de desgastar l’anterior govern sense cap fonament, i mostrant una incoherència política lamentable”. Afegien que “no volem compartir ni ser partícips d’una inauguració amb aquelles persones que van acusar falsament amb mentides només per obstruir la feina i els projectes dels altres”.
Els partits PSC, CIU i RDS que van posar sota sospita la concessió i l’explotació de la Residència, especialment important per millorar els serveis i la qualitat de vida de la gent gran, son ara els que “tallen la cinta”.
Perquè Banyeres no denuncia les suposades irregularitats?
Els grups de l’Oposició ja van mostrar la seva estranyesa davant la passivitat de l’alcalde, Antoni Banyeres. Es pregunten perquè no ha actuat ni ha ordenat cap mesura correctora si és que té fundades sospites que es van cometre irregularitats. Fet que, o el converteix en autor de falses acusacions quan estava a l’Oposició, o el converteix en encobridor.

La Vila, el mitjà més ben pagat

No ho diem nosaltres, sinó que ho certifica el propi Ajuntament a través del Gabinet de Comunicació. Segons informe d’aquest, la despesa total en publicitat per a la Festa del 30 d’Octubre (abans Segregació), ascendeix a 19.629 euros (quasi 3.300.000 PTA.). El setmanari LA VILA s’emporta quasi un 40% del total (7.540 euros), mentre que els altres dos mitjans locals (El Faro i Mediterranean Daurat) tan sols reben un míser 6% entre tots dos. A més, ni el Diari ni l’Aquí arriben de lluny a l’import de La Vila. D’alguna cosa ha de servir que un dels seus màxims propietaris i accionistes, Pascual Roche, sigui soci de l’alcalde Banyeres i càrrec de confiança de l’Ajuntament

El govern infringeix el dret a l’accés a la informació

Els grups municipals de FUPS i del PP, s’han queixat reiteradament de l’actitud obstructiva de l’equip de govern davant del dret a obtenir i accedir a tota la documentació i informació municipal.
El darrer episodi te a veure amb la petició feta fa mesos on l’Oposició sol·licitava còpia de l’escrit de la Regidora d’Hisenda ordenant a tots els departaments que es remeti a l’empresa de Correus tota la correspondència i còpia del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’empresa de Correus. I que en cas que no s’hagués formalitzat cap contracte, que se certifiquéssin les condicions pactades entre l’empresa de correus i el polític que va intervenir en aquesta hipotètica negociació i/o pacte.
Donat que la legislació vigent preveu que la sol·licitud d’informació s’entén acceptada per silenci administratiu als 4 dies de la seva presentació, la Regidoria d’Hisenda està cometent una clara infracció.

Banyeres vol denunciar aquesta publicació

Davant el propòsit de l’alcalde de Salou, Antoni Banyeres, de denunciar aquesta publicació que editen els grups municipals de l’Oposició, FUPS i PP; volem manifestar el següent:

1.- Ens alegrem que l’alcalde hagi optat per denunciar el Butlletí de l’Oposició als Jutjats, ja que d’aquesta forma haurà de donar compte finalment si el que denuncia i publica aquesta publicació és veritat o no, ja que esperem que respongui a preguntes importants que es fa el ciutadà:

- Va formar part de la banda de Pedro Baret en una estafa multimilionària, i per la qual cosa va ser detingut, jutjat i empresonat?
- Va ser detingut i jutjat per haver participat en un atracament a ma armada a una joieria de l’Hospitalet de Llobregat?
- És veritat, doncs, que Banyeres va cometre, al menys, un delicte per estafa, i va estar relacionat amb un atracament a una joieria?

2.- Si el Sr. Banyeres considera que “Salou Més Positiu” mereix ser denunciat per publicar la veritat del seu passat tot basant-se i reproduint fidelment les informacions aparegudes a El País, La Vanguardia, l’Interviu, i la cadena COPE; pot ser també hauria de considerar de cursar les corresponents denuncies contra aquests altres mitjans, ja que a la fi i al cap són les fonts d’informació de la nostra publicació.

3.- Entenem que es tracta, doncs, d’un nou i lamentable episodi antidemocràtic de voler callar la veu a l’Oposició Municipal, intentant criminalitzar el seu òrgan d’expressió i d’informació tot atemptant, conseqüentment, contra el dret i la llibertat d’expressió i de manifestació

Un “certificado” que demuestra los delitos de Banyeres

En un medio de comunicación local afín al alcalde Banyeres, aparecen titulares y comentarios tan irrisorios y ridículos como “un certificado le deja libre de toda sospecha”, referida al delito de estafa por el cual estuvo en la carcel o al delito de atraco a mano armada por el cual fue juzgado. Ahora resulta que el haber sido encarcelado y juzgado es simplemente una “sospecha”, como si de una suposición se tratara. Nosotros preferimos llamarlo “hechos probados” según demuestran documentos y noticias, y que algún que otro testigo sabe y conoce.
Pero es que además, si alguien muestra un “certificado de antecedentes penales” del año 2007, pasados más de 5 años de haber cumplido la pena, como hace Banyeres, lo que demuestra es justamente la realidad de los hechos. El artículo 136.1 del Código Penal dice: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia e Interior la cancelación de sus antecedentes penales”. Y el artículo 136.2 dice que como requisito indispensable deben “haber transcurrido los siguientes plazos: …cinco años para las penas graves.”
Pero hay otro comentario que no tiene desperdicio por curioso. Al delito de “estafa”, el alcalde lo llama “accidente involuntario en los negocios” o “operación financiera y empresarial”. ¿Se dedica ahora Banyeres a crear un nuevo diccionario jurídico donde a los delitos de estafa se les denomina de esta forma?
Otro comentario que requiere también atención es cuando dice, respecto al atraco a una joyería: “exijo que se muestre cualquier sentencia que me inculpe de un hecho de semejante bajeza…”. No solo eso, sabe bien que hay testigos tanto de su detención por parte de la Policía como del juicio posterior.

Las claves de “pleno”

Des-aprobación de los Presupuestos 2008
Diciembre 2007
Intervención del grupo municipal del PP.
Alberto del Hierro.
- “sus prioridades las recoge el capítulo I “gastos de personal”, que arroja un aumento de 1.431.000 con respecto al inicial del 2007, un 14% por encima. Nosotros consideramos, a la vista de los diferentes detalles que presenta este capítulo, que ahí se está recogiendo una forma de atender aquello que de forma vulgar y coloquial se dice -qué hay de lo mío-“.

- “No queremos gobernantes que hagan oposición a la oposición, que nos acusen de no aportar nada con la finalidad de tapar sus limitaciones, no queremos gobernantes pasivos ante las dificultades de nuestra sociedad y no queremos gobernantes que por ansia de poder y por tener que cumplir compromisos, a veces, de dudosa higiene, tengan que recurrir a la voracidad recaudatoria a cargo de los ciudadanos para poder cumplir con esos compromisos”.

Intervención del grupo municipal de FUPS
Pere Granados:
- “nosaltres entenem que aquest pressupost no és un pressupost real, és irreal, perquè es pressuposten uns ingressos que no s’ajusten a la realitat. Com és possible que es digui que es recaptarà exactament igual que l’exercici passat en impost sobre la construcció i en plusvàlues quan la tònica general del país és de crisi econòmica de la construcció?.
Sra. Pasquina, vostè ha pressupostat la despesa en funció d’uns ingressos que són absolutament falsos per irreals”.

- “aquests pressupostos suposen un increment dels impostos molt important segons els informes dels tècnics de la casa, ja que diuen que “la diferencia entre los incrementos de los ingresos previstos en el presupuesto del 2008 y el incremento de las ordenanzas fiscales” només pot ser assolida per la previsió d’un augment de nous ingressos. Si vostès no creen nous impostos l’única solució que els hi queda és incrementar els impostos que ja hi ha”.

- “la despesa ha crescut un 14% del pressupost inicial del 2007 al pressupost inicial del 2008, i pel que fa al capítol I de Personal aquest puja un 11%, que obeeixen a interessos de partit i nous llocs de treball i càrrecs de confiança”.
- Les despeses d’Alcaldia han pujat un 80% i les despeses de promoció, publicitat i propaganda, un 100%. Escoltin, de què estem parlant? De serveis als ciutadans? Doncs crec que no”.

- els senyors de la Colina del Sol estaran molt contents perquè s’estan aplicant contribucions especials del 90-10%, i això és un pas enrera. Precisament el grup socialista votava sempre en contra d’aquestes contribucions perquè reclamava un 50-50%; i ara vota un percentatge que ja estava superat amb el govern de FUPS i PP amb un 60-40%”.

Turno abierto de ruegos y preguntas - Noviembre de 2007
Banyeres y el “geriatrico”

Pere Granados a l’alcalde:
- Vostè va fer unes declaracions a la premsa que van crear una gran alarma social relacionades amb el tema del geriàtric i els habitatges tutelats. Recentment, tinc aquí un altre retall de premsa en el qual diu vostè que és una gran iniciativa per part de l’empresa STS, i la meva pregunta és la següent: des de que vostè és alcalde, a 16 de juny de 2007, fins a la data d’avui, vostè ha pres alguna decisió, alguna mesura, per tal d’evitar aquestes irregularitats que vostè en el seu moment va denunciar?

Alcalde:
- Bueno pues, miri, jo, em sembla que aquestes declaracions que són, que són meves per descomptat, jo li he de dir que la premsa que en aquell moment estava, que encara també està aquí davant ho poden corroborar quan em van preguntar, concretament un periodista, que ara està aquí, em va preguntar si canviava la posició de l’Ajuntament respecte el tema, jo li vaig ser molt concret, li vaig dir, escolti’m estem parlant del geriàtric, el geriàtric, em el qual tinc molt clar que és una postura des de l’equip de govern, des de l’Ajuntament quina és la nostra sensibilitat envers el geriàtric i una altra cosa són els pisos tutelats. També és veritat, també és veritat que com que d’alguna forma el tema aquest està via judicial pues, jo entenc, entenc que és molt més prudent en aquest moment i molt més, jo crec que raonat, esperar que, bueno, des de la part legal que vostè n’és un gran defensor, es manifesti en aquest tema i en funció d’això i perquè ja ha agafat aquest camí i és així pues escolti, jo crec que ens hem de esperar a veure quines són aquestes determinacions i obrar en conseqüència.

Granados:
- Sí però, a veure, la pregunta és molt concreta i no me l’ha contestat Sr. Banyeres. Vostè deia que hi havia unes irregularitats, i diu que espera a veure què diu el jutjat, el jutjat és un Jutjat d’Instrucció, no té res a veure en matèria administrativa; per tant, vostè des de que és Alcalde coneix directament i sinó ha de conèixer, quina és la situació i s’hauria d’haver interessat donat que vostè denuncia unes irregularitats. M’agradaria que em digués si o no, perquè la pregunta és molt senzilla. Ha adoptat alguna mesura per tal d’evitar o subsanar aquestes irregularitats, Sr. Banyeres?

Alcalde:
-Ja m’ho ha dit, no repeteixi. A veure, vostè em diu que és una que està a un Jutjat d’Instrucció, Civil? Està a la Fiscalia, la Fiscalia ho ha portat…

Granados:
-D’Instrucció, i vostè ha d’anar a declarar i ho sap molt bé, Sr. Banyeres.

Alcalde:
-Ah, no, no. No, no, m’ho acaba de dir vostè, no en tinc ni idea.

Granados:
-Contesti, contesti, si us plau, ha pres alguna mesura?

Alcalde:
-No, no n’he pres però, ja li dic perquè, li he dit el motiu. Cap.

Granados:
-Molt bé. Jo, Sr. Secretari, voldria que certifiqués el contingut total i literal d’aquesta intervenció, tant meva com la del Sr. Alcalde i que es remeti al Jutjat d’Instrucció que coneix d’aquest assumpte.

El gobierno municipal desestima diversas propuestas de mejora de la Oposición

- Los grupos municipales de FUPS y PP presentaron una moción en la cual se solicitaba la adopción de las medidas oportunas para que en todos los aparcamientos municipales y zonas azules ubicadas en nucleos comerciales, la primera hora de aparcamiento fuera gratuita. Además se planteaba la necesidad de realizar un estudio para la promoción y dinamización del sector comercial de Salou, y para la creación de áreas/zonas comerciales con identificación propia, que permita dotar de mayor atractivo dichas zonas.
- La Oposición también planteó la ampliación del horario de atención al público de la Oficina de Atención Ciudadana, ofreciendo también servicio por las tardes de lunes a viernes, asi como los sábados por la mañana.
El horario de atención al ciudadano es insuficiente dadas las características del municipio. Salou es un municipio turístico, y los horarios laborales de la mayoría de ciudadanos requiere una mejor adecuación a sus necesidades.