El alcalde Banyeres fue detenido, juzgado y encarcelado por estafa

También fue juzgado por atraco a mano armada en una joyería

Así lo descubre y confirma la cadena COPE en sus informativos de los dias 29 y 30 de octubre, y 1 y 2 de noviembre (ver página 3), además de la prensa escrita de la época consultada, donde el nombre de Banyeres figura como implicado en varios delitos y por ello su ingreso en la carcel. 

La redacción de esta publicación ha tenido acceso al dossier Banyeres, cuyo autor ha querido permanecer en el anonimato porque parece ser que ya fué víctima una vez de los delitos de Banyeres y la banda a la cual pertenecía. Un dossier que disponen algunos medios de comunicación que han ido sacando a la luz este escándalo, y que es el mismo que, segun nuestras fuentes, también está en manos de la cúpula del PSC, que de momento esconde la verdad y lo protege con su sospechoso silencio.

Lo que dejan claro las pruebas del dossier es que el actual alcalde de Salou, Antoni Banyeres, formó parte de una banda de delincuentes profesionales conocida como la banda de “los guaperas”, capitaneada por Pedro Baret Herrero, y que cometió una estafa multimillonaria por falsificación de pagarés bancarios por valor de 322 millones de pesetas. La estafa fue muy famosa y convulsionó el mundo financiero de Barcelona de los años 84 y 85.  El documento también esclarece la relación y la buena amistad entre Banyeres y el clan Baret.

Hechos y pruebas 

Algunos medios de comunicación informaban lo siguiente del caso: 

- LA VANGUARDIA del dia 11-12-1984, decía textualmente (Noticia firmada por José Martí i Eugenio Madueño): “Detenido Pedro Baret, presunto cerebro de una falsificación de pagarés (....) pueden ser varios los apoderados que, aprovechando sus cargos de responsabilidad en entidades bancarias, han participado en la falsificación y colocación de los pagarés (....). Pedro Baret (....) tiene una historia que empezó a enmarañarse en noviembre de 1976, mes en que fue detenido por la Brigada Criminal de Barcelona y acusado de haber cometido atracos a mano armada”. 

- Según EL PAÍS de fecha 17-01-85, y en relación al delito de estafa, Banyeres es detenido por la Policía el lunes día 14, conjuntamente con otro miembro de “la banda”, que también se escondería en Salou después de la estafa y que hoy tiene carnet del PSC.  

- LA VANGUARDIA del mismo día 17 lleva también una pequeña reseña al respecto. Textualmente dice: “La policía ha detenido también a Antonio José Banyeras, apoderado de una entidad de ahorro, por su presunta relación con la citada estafa. (....). Los cuatro implicados ya están encarcelados.”

- Según  EL PAÍS, de fecha 18-01-85, el Juez ordena el encarcelamiento de Banyeres y ese mismo día ingresa en la prisión Modelo de Barcelona. Baret ya estaba en la cárcel.

- El 21-01-85, Marius Carol, periodista de EL PAÍS, publica un extenso reportaje titulado “La dinastía de los Baret”. En él se hace un recorrido por algunas de las fechorías de este clan familiar que trajo a la Interpol, a la Brigada Central y al Grupo de Estafas de la Policía de Barcelona, de cabeza durante más de 15 años. En él se nombra de nuevo a Banyeres. 

- El 3-12-86, INTERVIÚ, en su número 551, publica también un amplio reportaje sobre el clan de los Baret. En el se comenta que “la organización de Pedro Baret es conocida en Barcelona como “la banda de los guaperas” por el atractivo físico de la mayoría de sus integrantes”. Se cita de nuevo como miembro de la banda a José Antonio Banyeres Sabras .

El dossier sigue explicando que quince meses más tarde el 24-04-86, Banyeres sale de prisión en libertad provisional bajo fianza, debiendo presentarse periódicamente en los juzgados de Vía Layetana, en Barcelona, hasta la celebración del juicio. 

Cuando a principios de 1989, Pedro Baret sale de la cárcel, se instala en el Hostal Montsant, de Salou, junto con su compañera María Pilar Raventós. El hostal ya lo regenta Banyeres por aquel entonces.

Pero durante el verano de este mismo año, Banyeres es detenido de nuevo por la Policía de Barcelona junto con Pedro Baret, su compañera y Gabriel Camacho Hidalgo, acusados del atraco a mano armada en una joyería de Hospitalet de Llobregat. En el expediente que hay sobre Banyeres en las dependencias policiales de Tarragona, consta la solicitud judicial de entrada y registro del Hostal Montsant.

La detención de Banyeres, Baret y Raventós se realizó por miembros de la Policía de Barcelona en el mismo Hostal, y los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Vía Layetana. A los pocos días tanto Banyeres como Baret y Raventós fueron puestos en libertad provisional bajo fianza, debiendo de nuevo presentarse periódicamente en los juzgados hasta la celebración de este nuevo juicio como acusado de un atraco a mano armada. Camacho quedaría ingresado en prisión.

Un informe jurídico de ilegalidad tumbó una propuesta de Alcaldía

El alcalde Antoni Banyeres se vió forzado a modificar la  propuesta de modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo, ante la denuncia de ilegalidad de los  técnicos municipales del Área de Gobernación.

En un informe jurídico emitido por el Secretario de la Corporación, el Vicesecretario  y el Cap de Sección de Recursos Humanos, justo antes de iniciarse la Comisión de Servicios Internos de Gobernación, se denunció que la propuesta de Alcaldía de fecha 13 de julio contravenía los principios democráticos y el principio  de legalidad.

La propuesta de BANYERES viola el artículo 37,2 de la Ley 7/07 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por cuanto el nuevo Gobierno incumplía con  la   obligación  legal de negociar con los sindicatos los cambios organizativos que  repercuten  en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, como es el caso que nos ocupa, ya que pretendía quitarles  competencias a los técnicos del Área de Hacienda para atribuírselas en exclusiva al  Interventor.

Ese es un ejemplo más del falso compromiso de diálogo, transparencia y participación de Pellicé (CiU) y Banyeres. Un gobierno que  se precie de participativo y dialogante no puede obviar la  negociación  con los representantes de los trabajadores, y en ningún caso cuando se trata de un imperativo legal.

Con esa  propuesta también se usurpaban competencias propias del Secretario General  de la Corporación,  se quebrantaba   lo preceptuado en los arts. 82 y 138 del ROF y 2.a, 2.c y 13,2 del RD 1174/1987. Además, sin potestad para ello, a la Secretaria de la Comisión de Hacienda la dejaban sin sus funciones esenciales: dar fe del desarrollo de la comisión informativa, y del redactado de las actas.

En este informe se pone de manifiesto  que  otros expedientes de personal se tramitaban desde el Área de Hacienda de forma paralela al Departamento de Personal, a través de  la Concejala de Hacienda, la Sra. PASQUINA, con total desconocimiento del Técnico Responsable del Departamento de Personal.

De la misma manera, los técnicos informantes se quejan y denuncian  la falta de entrega de los  expedientes con la antelación requerida por la Ley, (art. 177, 2  ROF).

Los Sindicatos UGT, CCOO y el Sindicato de la Policía Local (SPPMECAT) ya denunciaron, por escrito presentado el 16/07/07, de la ilegalidad  que se estaba cometiendo.

El nuevo equipo de Gobierno no sólo pretendía nombrar al Interventor coordinador del Área de Hacienda y otorgarle competencias de otros técnicos, sino que además, se le otorgaban competencias propias de los cargos políticos, como es la de dirigir, en cuyo caso la Regidora de Hacienda se quedaba vacía de contenido.

El Estado social y democrático de Derecho, art. 1.1 de la CE  impone, como premisa básica y esencial del mismo, que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 de la Constitución Española). Con el  actual equipo de gobierno  se está originando  una situación grave, se  perfila una   quiebra importante de los principios  básicos de un estado democrático y de derecho.  En este sentido, en el informe emitido por el   Secretario de la Corporación, el Vicesecretario  y el Cap de Sección de Recursos Humanos, se afirma textualmente: “De acuerdo con los principios democráticos y el principio de legalidad recogidos en el CE, toda actuación pública se ha de someter al derecho y sujetarse a la legalidad vigente.  El expediente analizado  obvia trámites procedimentales importantes que pueden abocar  a la nulidad de pleno derecho del acuerdo que la corporación adopte”.

Ahora están trabajando otra propuesta en la que priman los intereses de partido (del PSC), los amiguismos de Otal y Pellicé, el pago a sus “fieles” servidores, y la venganza política.

Informatius COPE

Transcripción literal de emisiones

29 de octubre de 2007

Programa La Linterna 

“(....) han començat a transcendir possibles interessos urbanístics que estarien darrera del pacte de govern a Salou entre CiU, PSC i RDS.

L’alcalde de Salou, el socialista Antoni Banyeres, forma part d’una societat limitada amb domicili a Scala Dei, juntament amb 17 socis més. D’aquests, 9 son empreses dedicades a la promoció i gestió immobiliària, i al menys 8 d’elles tindrien interessos immobiliaris directes a Salou, segons la documentació a la qual hem tingut accés.

També hi figuren a la societat dos càrrecs públics que pertanyen a CiU, i el constructor Josep Maria Huguet (......)

Crida l’atenció que Banyeres tingui negocis privats i no coneguts fins ara amb Huguet (.....) i crida l’atenció que dos membres de CiU amb càrrecs públics, pertanyin conjuntament amb l’alcalde socialista en aquest societat (....) i més tenint en compte que un d’aquests convergents (Pascual Roche) tindria també interessos directes en un altre solar de la ciutat, el de l’antiga Duana, pendent de requalificació per part del govern salouenc (....)”.

1 de noviembre de 2007

Programa La Palestra

“(.....) el alcalde Antonio Banyeres, ha confirmado su vinculación con el negocio político e inmobiliario que tiene a medias con constructores, promotores, y dirigentes de Convergencia y Unió (CiU) en las comarcas de Tarragona.

Antonio Banyeres (....) asegura estar muy tranquilo, ya que incluso afirma que le ha investigado la CIA por otros temas y nunca le han encontrado nada. 

La redacción de COPE Tarragona a podido saber que el alcalde de Salou también a estado investigado por la INTERPOL, por estar presuntamente implicado en delitos de estafa y atraco con armas. Unos hechos que son conocidos por la cúpula del PSC, tanto de Tarragona como de Barcelona, y que con todo ello no tienen inconveniente que Banyeres continúe siendo el alcalde de Salou. (....)”

También estuvo investigado años atrás por la INTERPOL, en este caso por su pertenencia a una banda de estafadores barcelonesa dirigida por Pedro Baret, conocido delincuente de la ciudad de Barcelona en los años 80, y de aquí ya no salió tan bien parado. Entre los delitos por los cuales estuvo investigado, detenido y encarcelado Banyeres, figura una estafa por valor de 20 millones de las antiguas pesetas con pagares bancarios falsos, y un atraco a mano armada en una joyería de l’Hospitalet de Llobregat. Además, otro miembro del Partido Socialista de Salou, Francisco Javier Asensi Jiménez también formaba parte de esta banda delictiva conocida como la “banda de los guaperas. (....)”

Ante el escándalo delictivo

La Oposición pide la dimisión del alcalde Banyeres 

Ante las graves y alarmantes informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre el pasado delictivo del alcalde, Antoni  Banyeres, los grupos municipales en la Oposición no pueden por menos que manifestar su perplejidad y preocupación, debiendo  de pronunciarse al respecto por responsabilidad política, por responsabilidad moral y por lealtad institucional.

A la vista de las informaciones, nos vemos obligados a pedir su dimisión como alcalde y como concejal de este Ayuntamiento de Salou, por los siguientes motivos:

- Por haber actuado con total deshonestidad y haber engañado a los ciudadanos, negando durante la campaña electoral de haber delinquido en el pasado y por lo tanto faltando a la verdad. 

- Porque mintió también a los ciudadanos al no manifestar claramente en su programa electoral que se pretendía y se impulsaría una política de recalificaciones urbanísticas. 

- Porque no creemos que sea ético ni estético que un alcalde forme parte de una sociedad dónde la mayoría de sus miembros son personas relacionadas con el mundo inmobiliario y tienen intereses urbanísticos en Salou. Todo hace sospechar que las pretendidas recalificaciones deben beneficiar a algunos miembros de esta sociedad. Y si no pongamos dos ejemplos: uno de los miembros de la sociedad y cargo de confianza del Ayuntamiento, Pascual Roche, está relacionado directamente con la propiedad de la Aduana (ahora dice que hace dos años que vendió sus participaciones, pero su socio Angel Vicente sí que continúa); y José María Huguet, también miembro de la mencionada sociedad, és propietario de terrenos y parte interesada en la práctica totalidad de los sectores urbanísticos de Salou. La Aduana y el SECTOR 03 son dos ámbitos que ya han sido anunciados como objetos de recalificación, que comportarían beneficios y plusvalías multimillonarias para los propietarios. 

- Porque además creemos que es de una irresponsabilidad sin límites el mero hecho que un alcalde forme parte de una sociedad de este tipo, ya que ofrece una imagen de república “bananera” a nuestra localidad y perjudica la imagen política de la institución.

- Porque entendemos que si el Alcalde quiere intentar hacer negocios y beneficiar a ciertas personas no lo debe hacer aprovechando su cargo sino desde fuera del Ayuntamiento y de la política. Por ello le pedimos que actúe con responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos y la institución, y presente su dimisión por higiene democrática. 

Según FUPS y PP, los ciudadanos tienen derecho a saber el pasado delictivo de los cargos públicos

La Oposición cree que “hemos de saber a quién confiamos la gestión de los intereses generales, porque según la Ley, el pasado delictivo de una persona tiene trascendencia más allá de su esfera personal”. 

Ante el escándalo donde diversos medios de comunicación imputan al alcalde Banyeres la comisión de  delitos, y su encarcelamiento, este  se defiende alegando que se trata de un accidente y  que es una cuestión personal. Y de este modo Banyeres pretende quitar importancia a un tema que de gran  trascendencia  jurídica, por cuanto la  Ley  de contratos de las Administraciones Públicas prohíbe, taxativamente, contratar con la administración a todas las personas  que hayan estado condenadas por sentencia como autores de diversos delitos, entre los que se encuentran  los delitos que la prensa dice haber cometido el  alcalde de Salou. El art. 20 de la referida  Ley, que lleva por título,  “Prohibiciones de contratar”, dice textualmente que: “En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico,… “.

Por lo tanto, el pasado delictivo de una persona tiene trascendencia más allá de su esfera personal, y con mayor motivo  si se trata de  un Alcalde,  por el cargo público que ostenta y representa;  sin olvidar que los juicios penales son públicos, y las sentencias también.  

Además, siguiendo lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 103 de la Constitución Española, las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Esta misma exigencia se traslada a sus autoridades, que deben tener un comportamiento ejemplar que evite situaciones comprometidas y sospechosas. En estos términos los Tribunales hablan de “moralidad administrativa”, que debe articularse mediante las técnicas de la abstención y la recusación.

Este comportamiento que todos debemos asumir como miembros de esta Corporación, nos conduce directamente, a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, a un grave problema en nuestro municipio al haberse podido constatar la relación directa que el alcalde y un cargo de confianza del concejal de CiU, SALVADOR PELLICÉ, poseen con personas relacionadas con el mundo inmobiliario y urbanístico del municipio de Salou.

Las declaraciones de Banyeres después de salir a la luz su historial delictivo.

De entrada niega las acusaciones y manifiesta “perlitas” como las siguientes:

- “Yo no he hecho nunca nada que me reporte un remordimiento de conciencia”. ¿Tendrà amnesia o simplemente es caradura? Un hombre de principios y valores éticos un tanto extraños. 

- “Pudo haber un tema puntual en mi pasado con el que habría algun problema”. Aquí ya recobra un poco más la memoria y reconoce haber tenido algun problema, aunque ¿delinquir durante algunos años es un tema puntual o un modus vivendi? 

- “No hay nada que me pueda obligar legal o moralmente a dejar la alcaldía. Tengo la conciencia tranquila: pude haber estado involucrado en un accidente”. Aquí vuelve a caer en la desmemoria. Cuando se le pregunta por su pasado delictivo solo recuerda haber tenido algun  accidente. ¿De circulación quizás? Es normal que quien no recuerda un turbulento y oscuro pasado, no tenga problemas morales ni problemas de conciencia. Pero para eso estamos nosotros; para hacerlo participar en una terapia colectiva donde explique y reconozca la verdad de sus fechorias, y quizás entonces entienda porque moralmente debe dimitir del cargo: para no desprestigiar la institución municipal y el buen nombre de Salou; y por haber engañado a los electores negando y escondiendo su nada glorioso pasado.    

Por cierto. Mientras Salou continuaba luchando con ilusión por su futuro y por la Segregación, en el verano de 1989, Banyeres era detenido por la Policía en el mismo centro de Salou, en el Hostal Montsant, por presunta participación en un atraco a mano armada. Después de 18 años, todo un honor tenerlo como alcalde. Lo primero que se le ocurre es eliminar el nombre de la Segregación. ¿Malos recuerdos quizás?

La Oposición pregunta al alcalde por que no ha actuado si cree que hubo irregularidades en la concesión del geriátrico

También se pide el cese del Jefe de Prensa por no cumplir los requisitos exigidos para ocupar el puesto

Los grupos de la Oposición (FUPS y PP) han reclamado al alcalde, Antoni Banyeres, que haga algo si tiene fundadas sospechas que en la concesión de las obras y la explotación de la residencia sociosanitaria para personas mayores y los pisos tutelados han existido irregularidades. 

Pere Granados, de FUPS, ha preguntado a Banyeres por que después de haber acusado al anterior Gobierno (CIU-FUPS-PP) de irregularidades en la citada concesión y habiendo  generando una grave alarma social, no ha ordenado ninguna medida tendente a subsanar y/o corregir tales irregularidades siendo él, como alcalde, el responsable máximo de ese asunto desde hace más de cinco meses. 

¿Demuestra ello que no hay irregularidades y que solo se puso bajo falsas sospechas a los grupos que entonces gobernaban, intoxicando y engañando a los ciudadanos? Los Tribunales lo dirán, y Banyeres tendrá que declarar por ello. Y tendrá que justificar, si se da el caso, el por qué no ha adoptado medida alguna para corregir esas hipotéticas  irregularidades, y por qué ha permitido  que el geriátrico y los pisos tutelados se estén construyendo bajo esas irregularidades. El alcalde Banyeres, de encubridor se habrá convertido en autor de sus propias irregularidades. Y si apela a la falta de algun informe económico, tendrá que pedir responsabilidades técnicas al actual Interventor, por ser en aquel entoces el máximo responsable técnico de toda el Área de Hacienda; y políticas al que fuera concejal de Hacienda, Pablo Otal.  

Entre tanto, Pere Granados ya ha aclarado que, visto lo visto, llevará al juzgado el acta del plenario donde se refleja que Banyeres da apoyo al Geriátrico y los pisos tutelados tal y como lo aprobó el anterior Gobierno y donde declara no haber hecho nada después de acusar de presuntos indicios de delito la concesión que ahora defiende. 

Por otra parte, los miembros de la Oposición, habiendo hecho las comprobaciones pertinentes sobre el cumplimiento por parte del actual Jefe de Prensa, Jordi Rom, de las exigèncias tècnicas y académicas necesarias para ocupar el  puesto, piden su cese. A lo cual el Gobierno responde degradando el pusto de trabajo, y rebaja los requisitos para adaptarlos a la medida del cargo de confianza. 

Se denuncia

Zona deportiva en estado penoso

Desde este pasado verano, la pista polideportiva de la calle Maria Castillo, frente el CEIP Salou, presenta un lamentable aspecto de dejadez. Incluso le falta un trozo de la valla perimetral. Suponemos que tiempo suficiente se ha tenido para mantener en buen estado esta zona y arreglar los desperfectos. Se nota que ni políticos del gobierno ni cargos de confianza pisan la calle, lo cual provoca que ciertas zonas públicas de Salou presenten su pero imagen.

El Ayuntamiento hace pagar a los equipos de aficionados al fútbol de Salou el alquiler de las instalaciones

Para participar en el Campeonato de Fútbol 7 que tiene lugar en las instalaciones del Estadi Municipal, cada equipo de Salou ha tenido que pagar 750 euros de inscripción más 90 de depósito, de los cuales, 373’26 euros, corresponden al alquiler de las instalaciones. Por lo tanto, el Ayuntamiento repercute sobre las personas que forman parte de los equipos  el coste del alquiler de las Instalaciones Municipales Mientras que el Ayuntamiento recaudará 6.750 euros de los 9 equipos participantes; su aportación al Campeonato es de 490 euros, un escaso 7% del coste total. Todo un detalle. Esa es la política de ayuda al deporte del equipo de Gobierno. 

La oposición pedirá reconvertir el solar de la Aduana, en zona verde pública

Después de desvelar que el solar que ocupaba la antigua Aduana podría ser recalificado de hotelero a residencial, con lo cual se potenciaria la construcción de más pisos, la Oposición municipal solicitará que de plantearse la modificación de sus usos, esta sirva para recuperar un solar privado y convertirlo en una zona estrategica para el uso público. 

Según FUPS y PP, el Gobierno municipal tiene ahora la oportunidad histórica de acallar los rumores de una recalificación que supondría un aumento de valor de unos 2.220.000 millones de las antiguas pesetas;  y de esta forma recuperar para la comunidad 2.247 m2 de suelo en el centro mismo de la población, convirtiéndolos en una emblemática zona verde, continuación de la Plaza Bonet, aireando con ello una zona urbanísticamente comprimida junto a la calle Barcelona. Ello podría ir combinado con la construcción de dos subterráneos que, aplicando un ratio generoso, tendrían capacidad para un total de 180 plazas de aparcamiento, descongestionando la zona y permitiendo una mayor movilidad rodada y, consecuentemente, favoreciendo el acceso de las personas al centro histórico de la población. Según la Oposición, en principio se dan todos los motivos que facultan al Ayuntamiento para proceder a la expropiación del solar referido o a su permuta: oportunidad, legalidad y función social. Respecto a la financiación de la expropiación, esta no tendría ningún problema dada la gran cantidad de terrenos urbanizables que el Ayuntamiento posee para poder permutar, y menos aún al tener que expropiar a precio de techo hotelero, infinitamente más económico que el residencial. Con esta iniciativa el Gobierno eliminaría las sospechas de su avidez recalificatoria para beneficio privado. Unas sospechas bien fundadas si nos preguntamos por qué una inversión millonaria, como fue la compra del solar, no se ha rentabilizado aun.

Desde que se formalizó la compra ha tenido tiempo suficiente para presentar proyecto y obtener la licencia de obras para la construcción de un hotel. 

Según FUPS, si no se llevó a cabo esta expropiación en su día, fué porque nadie los  acusó nunca de querer recalificar el solar de la Aduana, sino más bien todo lo contrario: “se nos presionó para que lo hiciéramos: para pasar el uso basicamente hotelero a un uso basicamente residencial”.

Parece que ni FUPS ni PP permitirán ninguna operación urbanística que facilite a un promotor privado la obtención de un beneficio multimillonario propiciado por el gobierno municipal. 

PARC BOTÀNIC

L’Oposició planteja sortides a la indecisió i la incapacitat del Govern

La rendibilitat del Parc Botànic ha de ser social i no econòmica

Davant les insòlites declaracions dels tres caps del Govern municipal de Salou sobre el Parc Botànic, on literalment diuen que “no saben que fer” amb aquest equipament verd públic en construcció,  els grups municipals de l’Oposició, FUPS i PP, van manifestar el següent: 

1.- El Govern demostra una vegada més la seva falta d’imaginació i una greu ineficàcia alhora de  donar un us i un destí a un dels equipaments verds públics municipals de més singularitat dins el nucli urbà com és el Parc Botànic. 

2.- Aquesta incompetència en la recerca d’un adequat aprofitament d’aquest extraordinari espai verd, demostra també una manca de visió per aportar solucions vàlides i una lamentable incapacitat per gestionar-lo. 

3.- El ciutadà ja té la percepció que darrera un “no saber que fer” com el llançat pel Govern, s’amaga un estat permanent de debilitat per fer front i resoldre els reptes, problemes i dificultats de la ciutat, que requereixen sempre d’una acció decidida i no d’evasió i d’amagar el cap sota l’ala, encolomant el mort als altres, com fa l’actual Govern.   

4.- Deixar clar que qui ha rebatejat aquest espai verd és el govern, ja que en la presentació del projecte per part de l’anterior govern i els arquitectes paisatgistes autors del projecte, es va qualificar com Parc Botànic i no Jardí Botànic. Això demostra l’atenció que l’actual govern prestava a la gestió municipal del moment. 

5.- Com que aquest govern demana socors a la població perquè li facin viable un projecte que se’ls escapa de la seves mans, nosaltres, els grups a l’oposició FUPS i PP, assumim el repte i anunciem que participarem a la convocatòria del concurs d’idees per donar una solució vàlida i viable tant pel que fa a trobar uns usos adequats com per a la gestió del Parc Botànic, més enllà del que el propi projecte ja preveia i que volem recordar per si serveix d’inspiració al govern municipal. Aquest equipament tenia una triple funció:

- Primer, dins l’àmbit urbanístic, com a important espai verd per a l’esbarjo públic que forma part d’un projecte més ambiciós amb la implantació d’un imponent conjunt arbrat i enjardinat que uneix dos grans vials d’entrada a Salou, vial a Cambrils i autovia Salou-Reus, oferint una imatge extraordinària als visitants i formant un gran pulmó verd urbà.

- Segon, dins l’àmbit de la projecció turística, pretén oferir una nova oferta lúdica amb la visita d’un espai amb més de 500 espècies autòctones catalogades. 

- I tercer, dinamitzar i dotar a aquest espai únic d’un sentit didàctic oferint visites culturals i escolars on conèixer una sèrie d’espècies vegetals tot sensibilitzant els visitants sobre el valor de la natura i el medi ambient.  

6.- En definitiva, nosaltres no contemplem aquest espai des d’un punt de vista estrictament material i de rendibilitat econòmica com fa govern municipal, pel qual preval més la despesa en el seu manteniment abans que la seva funció pública, turística i educativa. Per nosaltres, els espais recuperats per a la implantació d’equipaments verds, com el cas del Parc Botànic, tenen una funció social i, per tant, la seva rendibilitat també ha de ser social. Algú ha posat mai en tela de judici la rendibilitat econòmica de la zona enjardinada del passeig de Jaume I o del parc municipal de Carles Buigas?

7.- No obstant, aquesta visió del Govern municipal no ens estranya gens. No ens estranya que no sàpiga què fer amb un espai verd públic si la seva política urbanística no és esponjar i equilibrar el territori dotant-lo de zones verdes, sinó de requalificació d’usos per construir més pisos.  

8.-  Tanmateix, denunciem la incoherència dels partits que ara governen, PSC, CiU i Pablo Otal, ja que tots ells van votar a favor del Parc Botànic per considerar-lo positiu. Esperem que aquest futur incert que proclama el Govern sobre el Parc Botànic no sigui l’antesala del seu abandonament.

Nou ridícul d’Otal

Recordar al regidor d’Urbanisme, Pablo Otal, que si el que es planteja ara i el preocupa és el cost de manteniment, que recordi quin era el cost de construcció  i el cost de manteniment de l’aquari que va proposar construir. 

Podem confiar, doncs, en un estudi de viabilitat encarregat per ell mateix sobre el Parc, quan l’estudi de viabilitat que va fer de l’aquari no se’l creien ni els mateixos que, suposadament, l’havien de gestionar i explotar?

Podem confiar d´un estudi de viabilitat del Parc Botànic que es contradiu amb el que va redactar ell mateix a favor, quan estava a l’anterior Govern? 

Banyeres suspen les juntes de portaveus

On és l’esperit de transparència i de foment de la participació del govern CiU-PSC?

En el darrer plenari, la suspensió per part de l’alcalde de la Junta de Portaveus va provocar una lògica reacció de l’oposició. Segons l’alcalde Banyeres, el peregrí motiu és que “no es donen les condicions” i que “s’ha desvirtuat la seva funció”. Sap l’alcalde quina és la seva funció? Que ho expliqui i que expliqui també quines condicions s’han de donar. Si d’entrada no hi ha ni ordre del dia, quin és l’interès de l’alcalde en aquest important òrgan de diàleg i de debat municipal que va crear l’anterior Govern?. Aquesta és un mostra més de la voluntat del govern en potenciar el diàleg, la participació i la transparència que van prometre, sobretot per part de CiU. Sospitem que la raó de fons és que el Govern té por que l’oposició li posi sobre la taula una sèrie de “patates calentes” de les quals n’anirem parlant. 

L’Ajuntament bonificarà l’Impost d’Obres i Construccions d’una empresa del soci de l’alcalde

El Govern CiU-PSC va aprovar la bonificació d’un 40% de l’Impost d’Obres i Construccions a dues empreses promotores de pisos HPO que es construiran en el Sector 05. Saben quina és una de les empreses? ALINTAGNA, propietat de J.Ma Huguet, que també forma part de la societat turística immobiliària a la qual perteny l’alcalde Banyeres. 

Plenari de 27 de setembre de 2007

El Plenari va aprovar per unanimitat l’estat de comptes corresponent al 2006

No obstant, el regidor de FUPS, Pere Granados, va prendre la paraula per preguntar quin era el resultat del romanent de tresoreria d’aquests Comptes Generals.

Amb gran fluïdesa i facilitat d’expressió, l’alcalde Banyeres respon textualment: “Sr. Granados, no hi ha cap problema, eh! Però, li sembla que millor seria més oportú que aquest tema el toquéssim, per exemple, amb la modificació de crèdit?”

Granados li respon: “Entenc que no, perquè prèviament hem de saber el que queda al Compte General per tal d’aplicar-ho a la modificació de crèdit”.

Banyeres diu: “Molt bé, doncs, no hi ha problema. Sra. Pasquina, la Regidora, en tot cas…”.

Sra. Pasquina: “Sr. Hernández, ens podria aclarir aquest punt, si us plau?”

Sr. Hernández: “Seria qüestió de llegir el document”.

Sra. Pasquina: “Sí, el document. Simplement és el romanent líquid de tresoreria de l’exercici 2006”.

Sr. Hernández: “El romanent de tresoreria per a despeses generals ascendia al volum de 14.860.233,99”.

No demanarem peres al llimoner. Però seria d’esperar que la regidora d’Hisenda, Sra. Pasquina, sabés una dada tant important com aquesta sense haver de fer el ridícul en un plenari públic. 

Plenari de 25 d’octubre de 2007

Precs i preguntes de l’oposició

Regidor del PP, Alberto del Hierro:

-“Sr. Banyeres. El pasado día 17 tuvimos acceso a una documentación que nos facilitaron desde el Departamento de Personal, sobre los cargos de confianza. No voy a dar los cargos ni los nombres por respeto, pero simplemente le recuerdo una cosa. Al menos había tres expedientes los cuales no contenían aquellas exigencias del decreto que usted firmó en el mes de julio referente a una serie de titulaciones que tenían que acreditar los que ahora ocupan ese cargo. Yo simplemente le pido si antes del próximo pleno sería posible de que esto se subsanase, porque hay algunos que exigen una titulación concreta y en el expediente no consta”. 

Banyeres, el alcalde, responde con un “miraremos” y un “no se”. Espléndidos conocimientos y gran atención hacia aquello que firma.

Pere Granados, de FUPS, fa el següent prec:

-“Aquest és el segon ple que es fa en horari laboral i ens trobem que hi ha alguns funcionaris que assisteixen en hores de treball. En concret n’hi ha un que és fixe, que és el Sr. Arós. Jo el què li demanaria és que si ell pot assistir al plenari, doncs que això es faci extensiu a tots els funcionaris i treballadors de la casa, perquè també tinguin el mateix dret a assistir-hi”.

L’alcalde, amb la seu acostumat do de paraula diu:

-“Com vostè sap, vostès ja van posar un sistema i a l’hora de fer el conveni es considera si és convenient o es pot modificar o es millora que hi havia una certa elasticitat perquè si una persona en un moment donat doncs, volia disposar tant a l’entrada com a la sortida d’un temps, ho recuperava per l’altre costat, no li càpiga dubte que aquest senyor és conscient del què ell ha de fer”.

Sr. Granados:

-“El prec és que ho faci extensiu a tots els treballadors”.

Sr. Alcalde:

-“Però, això és voluntari, vull dir si hi ha algú que ha de venir i després pel que sigui ell considera que ho vol recuperar en un altre moment, no hi ha problema. Molt bé. A més, el ple és de coneixement públic”.

Sr. Granados:

-“Sí, però es que és en horari laboral i simplement voldria que ho fes extensiu i que es doni a conèixer a tot el personal de la casa”.

Banyeres parece querer decir que todos los funcionarios pueden asistir a los plenarios, y que si luego “consideran” que han de recuperar el tiempo de su  asistencia..., pues que lo hagan. La pregunta es: ¿y si consideran que no? 

¿Se imaginan Ustedes a todos los  funcionarios asistiendo en horario laboral a  las sesiones plenarias? El Ayuntamiento quedaría paralizado.   

No pretenda engañarnos Sr. Banyeres. Al Sr. Arós le han dado carta blanca  porque  pertenece al grupo político de Otal. Fue el representante legal de RDS ante la Junta electoral  de zona, y su esposa iba de número  3 en la lista.