En un informe jurídico emitido por el Secretario de la Corporación, el Vicesecretario y el Cap de Sección de Recursos Humanos, justo antes de iniciarse la Comisión de Servicios Internos de Gobernación, se denunció que la propuesta de Alcaldía de fecha 13 de julio contravenía los principios democráticos y el principio de legalidad.
La propuesta de BANYERES viola el artículo 37,2 de la Ley 7/07 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por cuanto el nuevo Gobierno incumplía con la obligación legal de negociar con los sindicatos los cambios organizativos que repercuten en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, como es el caso que nos ocupa, ya que pretendía quitarles competencias a los técnicos del Área de Hacienda para atribuírselas en exclusiva al Interventor.
Ese es un ejemplo más del falso compromiso de diálogo, transparencia y participación de Pellicé (CiU) y Banyeres. Un gobierno que se precie de participativo y dialogante no puede obviar la negociación con los representantes de los trabajadores, y en ningún caso cuando se trata de un imperativo legal.
Con esa propuesta también se usurpaban competencias propias del Secretario General de la Corporación, se quebrantaba lo preceptuado en los arts. 82 y 138 del ROF y 2.a, 2.c y 13,2 del RD 1174/1987. Además, sin potestad para ello, a la Secretaria de la Comisión de Hacienda la dejaban sin sus funciones esenciales: dar fe del desarrollo de la comisión informativa, y del redactado de las actas.
En este informe se pone de manifiesto que otros expedientes de personal se tramitaban desde el Área de Hacienda de forma paralela al Departamento de Personal, a través de la Concejala de Hacienda, la Sra. PASQUINA, con total desconocimiento del Técnico Responsable del Departamento de Personal.
De la misma manera, los técnicos informantes se quejan y denuncian la falta de entrega de los expedientes con la antelación requerida por la Ley, (art. 177, 2 ROF).
Los Sindicatos UGT, CCOO y el Sindicato de la Policía Local (SPPMECAT) ya denunciaron, por escrito presentado el 16/07/07, de la ilegalidad que se estaba cometiendo.
El nuevo equipo de Gobierno no sólo pretendía nombrar al Interventor coordinador del Área de Hacienda y otorgarle competencias de otros técnicos, sino que además, se le otorgaban competencias propias de los cargos políticos, como es la de dirigir, en cuyo caso la Regidora de Hacienda se quedaba vacía de contenido.
El Estado social y democrático de Derecho, art. 1.1 de la CE impone, como premisa básica y esencial del mismo, que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 de la Constitución Española). Con el actual equipo de gobierno se está originando una situación grave, se perfila una quiebra importante de los principios básicos de un estado democrático y de derecho. En este sentido, en el informe emitido por el Secretario de la Corporación, el Vicesecretario y el Cap de Sección de Recursos Humanos, se afirma textualmente: “De acuerdo con los principios democráticos y el principio de legalidad recogidos en el CE, toda actuación pública se ha de someter al derecho y sujetarse a la legalidad vigente. El expediente analizado obvia trámites procedimentales importantes que pueden abocar a la nulidad de pleno derecho del acuerdo que la corporación adopte”.
Ahora están trabajando otra propuesta en la que priman los intereses de partido (del PSC), los amiguismos de Otal y Pellicé, el pago a sus “fieles” servidores, y la venganza política.
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