Los grupos de la Oposición (FUPS y PP) han reclamado al alcalde, Antoni Banyeres, que haga algo si tiene fundadas sospechas que en la concesión de las obras y la explotación de la residencia sociosanitaria para personas mayores y los pisos tutelados han existido irregularidades.
Pere Granados, de FUPS, ha preguntado a Banyeres por que después de haber acusado al anterior Gobierno (CIU-FUPS-PP) de irregularidades en la citada concesión y habiendo generando una grave alarma social, no ha ordenado ninguna medida tendente a subsanar y/o corregir tales irregularidades siendo él, como alcalde, el responsable máximo de ese asunto desde hace más de cinco meses.
¿Demuestra ello que no hay irregularidades y que solo se puso bajo falsas sospechas a los grupos que entonces gobernaban, intoxicando y engañando a los ciudadanos? Los Tribunales lo dirán, y Banyeres tendrá que declarar por ello. Y tendrá que justificar, si se da el caso, el por qué no ha adoptado medida alguna para corregir esas hipotéticas irregularidades, y por qué ha permitido que el geriátrico y los pisos tutelados se estén construyendo bajo esas irregularidades. El alcalde Banyeres, de encubridor se habrá convertido en autor de sus propias irregularidades. Y si apela a la falta de algun informe económico, tendrá que pedir responsabilidades técnicas al actual Interventor, por ser en aquel entoces el máximo responsable técnico de toda el Área de Hacienda; y políticas al que fuera concejal de Hacienda, Pablo Otal.
Entre tanto, Pere Granados ya ha aclarado que, visto lo visto, llevará al juzgado el acta del plenario donde se refleja que Banyeres da apoyo al Geriátrico y los pisos tutelados tal y como lo aprobó el anterior Gobierno y donde declara no haber hecho nada después de acusar de presuntos indicios de delito la concesión que ahora defiende.
Por otra parte, los miembros de la Oposición, habiendo hecho las comprobaciones pertinentes sobre el cumplimiento por parte del actual Jefe de Prensa, Jordi Rom, de las exigèncias tècnicas y académicas necesarias para ocupar el puesto, piden su cese. A lo cual el Gobierno responde degradando el pusto de trabajo, y rebaja los requisitos para adaptarlos a la medida del cargo de confianza.
Se denuncia
Zona deportiva en estado penoso
Desde este pasado verano, la pista polideportiva de la calle Maria Castillo, frente el CEIP Salou, presenta un lamentable aspecto de dejadez. Incluso le falta un trozo de la valla perimetral. Suponemos que tiempo suficiente se ha tenido para mantener en buen estado esta zona y arreglar los desperfectos. Se nota que ni políticos del gobierno ni cargos de confianza pisan la calle, lo cual provoca que ciertas zonas públicas de Salou presenten su pero imagen.
El Ayuntamiento hace pagar a los equipos de aficionados al fútbol de Salou el alquiler de las instalaciones
Para participar en el Campeonato de Fútbol 7 que tiene lugar en las instalaciones del Estadi Municipal, cada equipo de Salou ha tenido que pagar 750 euros de inscripción más 90 de depósito, de los cuales, 373’26 euros, corresponden al alquiler de las instalaciones. Por lo tanto, el Ayuntamiento repercute sobre las personas que forman parte de los equipos el coste del alquiler de las Instalaciones Municipales Mientras que el Ayuntamiento recaudará 6.750 euros de los 9 equipos participantes; su aportación al Campeonato es de 490 euros, un escaso 7% del coste total. Todo un detalle. Esa es la política de ayuda al deporte del equipo de Gobierno.
La oposición pedirá reconvertir el solar de la Aduana, en zona verde pública
Después de desvelar que el solar que ocupaba la antigua Aduana podría ser recalificado de hotelero a residencial, con lo cual se potenciaria la construcción de más pisos, la Oposición municipal solicitará que de plantearse la modificación de sus usos, esta sirva para recuperar un solar privado y convertirlo en una zona estrategica para el uso público.
Según FUPS y PP, el Gobierno municipal tiene ahora la oportunidad histórica de acallar los rumores de una recalificación que supondría un aumento de valor de unos 2.220.000 millones de las antiguas pesetas; y de esta forma recuperar para la comunidad 2.247 m2 de suelo en el centro mismo de la población, convirtiéndolos en una emblemática zona verde, continuación de la Plaza Bonet, aireando con ello una zona urbanísticamente comprimida junto a la calle Barcelona. Ello podría ir combinado con la construcción de dos subterráneos que, aplicando un ratio generoso, tendrían capacidad para un total de 180 plazas de aparcamiento, descongestionando la zona y permitiendo una mayor movilidad rodada y, consecuentemente, favoreciendo el acceso de las personas al centro histórico de la población. Según la Oposición, en principio se dan todos los motivos que facultan al Ayuntamiento para proceder a la expropiación del solar referido o a su permuta: oportunidad, legalidad y función social. Respecto a la financiación de la expropiación, esta no tendría ningún problema dada la gran cantidad de terrenos urbanizables que el Ayuntamiento posee para poder permutar, y menos aún al tener que expropiar a precio de techo hotelero, infinitamente más económico que el residencial. Con esta iniciativa el Gobierno eliminaría las sospechas de su avidez recalificatoria para beneficio privado. Unas sospechas bien fundadas si nos preguntamos por qué una inversión millonaria, como fue la compra del solar, no se ha rentabilizado aun.
Desde que se formalizó la compra ha tenido tiempo suficiente para presentar proyecto y obtener la licencia de obras para la construcción de un hotel.
Según FUPS, si no se llevó a cabo esta expropiación en su día, fué porque nadie los acusó nunca de querer recalificar el solar de la Aduana, sino más bien todo lo contrario: “se nos presionó para que lo hiciéramos: para pasar el uso basicamente hotelero a un uso basicamente residencial”.
Parece que ni FUPS ni PP permitirán ninguna operación urbanística que facilite a un promotor privado la obtención de un beneficio multimillonario propiciado por el gobierno municipal.
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