A la vista de las informaciones, nos vemos obligados a pedir su dimisión como alcalde y como concejal de este Ayuntamiento de Salou, por los siguientes motivos:
- Por haber actuado con total deshonestidad y haber engañado a los ciudadanos, negando durante la campaña electoral de haber delinquido en el pasado y por lo tanto faltando a la verdad.
- Porque mintió también a los ciudadanos al no manifestar claramente en su programa electoral que se pretendía y se impulsaría una política de recalificaciones urbanísticas.
- Porque no creemos que sea ético ni estético que un alcalde forme parte de una sociedad dónde la mayoría de sus miembros son personas relacionadas con el mundo inmobiliario y tienen intereses urbanísticos en Salou. Todo hace sospechar que las pretendidas recalificaciones deben beneficiar a algunos miembros de esta sociedad. Y si no pongamos dos ejemplos: uno de los miembros de la sociedad y cargo de confianza del Ayuntamiento, Pascual Roche, está relacionado directamente con la propiedad de la Aduana (ahora dice que hace dos años que vendió sus participaciones, pero su socio Angel Vicente sí que continúa); y José María Huguet, también miembro de la mencionada sociedad, és propietario de terrenos y parte interesada en la práctica totalidad de los sectores urbanísticos de Salou. La Aduana y el SECTOR 03 son dos ámbitos que ya han sido anunciados como objetos de recalificación, que comportarían beneficios y plusvalías multimillonarias para los propietarios.
- Porque además creemos que es de una irresponsabilidad sin límites el mero hecho que un alcalde forme parte de una sociedad de este tipo, ya que ofrece una imagen de república “bananera” a nuestra localidad y perjudica la imagen política de la institución.
- Porque entendemos que si el Alcalde quiere intentar hacer negocios y beneficiar a ciertas personas no lo debe hacer aprovechando su cargo sino desde fuera del Ayuntamiento y de la política. Por ello le pedimos que actúe con responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos y la institución, y presente su dimisión por higiene democrática.
Según FUPS y PP, los ciudadanos tienen derecho a saber el pasado delictivo de los cargos públicos
La Oposición cree que “hemos de saber a quién confiamos la gestión de los intereses generales, porque según la Ley, el pasado delictivo de una persona tiene trascendencia más allá de su esfera personal”.
Ante el escándalo donde diversos medios de comunicación imputan al alcalde Banyeres la comisión de delitos, y su encarcelamiento, este se defiende alegando que se trata de un accidente y que es una cuestión personal. Y de este modo Banyeres pretende quitar importancia a un tema que de gran trascendencia jurídica, por cuanto la Ley de contratos de las Administraciones Públicas prohíbe, taxativamente, contratar con la administración a todas las personas que hayan estado condenadas por sentencia como autores de diversos delitos, entre los que se encuentran los delitos que la prensa dice haber cometido el alcalde de Salou. El art. 20 de la referida Ley, que lleva por título, “Prohibiciones de contratar”, dice textualmente que: “En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico,… “.
Por lo tanto, el pasado delictivo de una persona tiene trascendencia más allá de su esfera personal, y con mayor motivo si se trata de un Alcalde, por el cargo público que ostenta y representa; sin olvidar que los juicios penales son públicos, y las sentencias también.
Además, siguiendo lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 103 de la Constitución Española, las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Esta misma exigencia se traslada a sus autoridades, que deben tener un comportamiento ejemplar que evite situaciones comprometidas y sospechosas. En estos términos los Tribunales hablan de “moralidad administrativa”, que debe articularse mediante las técnicas de la abstención y la recusación.
Este comportamiento que todos debemos asumir como miembros de esta Corporación, nos conduce directamente, a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, a un grave problema en nuestro municipio al haberse podido constatar la relación directa que el alcalde y un cargo de confianza del concejal de CiU, SALVADOR PELLICÉ, poseen con personas relacionadas con el mundo inmobiliario y urbanístico del municipio de Salou.
Las declaraciones de Banyeres después de salir a la luz su historial delictivo.
De entrada niega las acusaciones y manifiesta “perlitas” como las siguientes:
- “Yo no he hecho nunca nada que me reporte un remordimiento de conciencia”. ¿Tendrà amnesia o simplemente es caradura? Un hombre de principios y valores éticos un tanto extraños.
- “Pudo haber un tema puntual en mi pasado con el que habría algun problema”. Aquí ya recobra un poco más la memoria y reconoce haber tenido algun problema, aunque ¿delinquir durante algunos años es un tema puntual o un modus vivendi?
- “No hay nada que me pueda obligar legal o moralmente a dejar la alcaldía. Tengo la conciencia tranquila: pude haber estado involucrado en un accidente”. Aquí vuelve a caer en la desmemoria. Cuando se le pregunta por su pasado delictivo solo recuerda haber tenido algun accidente. ¿De circulación quizás? Es normal que quien no recuerda un turbulento y oscuro pasado, no tenga problemas morales ni problemas de conciencia. Pero para eso estamos nosotros; para hacerlo participar en una terapia colectiva donde explique y reconozca la verdad de sus fechorias, y quizás entonces entienda porque moralmente debe dimitir del cargo: para no desprestigiar la institución municipal y el buen nombre de Salou; y por haber engañado a los electores negando y escondiendo su nada glorioso pasado.
Por cierto. Mientras Salou continuaba luchando con ilusión por su futuro y por la Segregación, en el verano de 1989, Banyeres era detenido por la Policía en el mismo centro de Salou, en el Hostal Montsant, por presunta participación en un atraco a mano armada. Después de 18 años, todo un honor tenerlo como alcalde. Lo primero que se le ocurre es eliminar el nombre de la Segregación. ¿Malos recuerdos quizás?
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