FUPS y PP denuncian que el gobierno municipal adjudique un terreno público para la construcción de una escuela privada

Con la abstención de la Oposición y los votos favorables del gobierno PSC-CIU-RDS, el plenario aprobó el pliego de clausulas y condiciones que regirán la convocatoria para la concesión de un terreno de titularidad pública municipal situado en el Mirador de Salou, para la construcción de un colegio privado y de élite.

Los grupos de la Oposición no están de acuerdo que se destinen 40.000 m2 de superficie de propiedad municipal para la construcción y explotación de un centro de enseñanza privado sin que se garantice que la empresa adjudicataria sea una entidad sin ánimo de lucro. FUPS y PP entienden que “se debe evitar que se haga negocio con la educación y más siendo un terreno de propiedad pública”. Añaden que “solo una entidad sin ánimo de lucro garantiza que su objetivo sea única y exclusivamente la formación de los alumnos”.
Argumentaban además que “tampoco se garantiza que los alumnos de Salou tengan al menos un trato preferencial, contemplando matriculas más accesibles o gratuitas, dado que el terreno es del municipio”.

De TOTANA a SALOU
El negocio vinícola del alcalde Banyeres podría esconder también negocios inmobiliarios
Mientras que Banyeres sostiene que la actividad de la sociedad a la que pertenece sólo tiene intereses vinícolas (ocultando sus intereses turísticos e inmobiliarios), en Totana, una sociedad que sólo comercializaba con huevos fue registrada por las autoridades judiciales por estar imputada en delitos urbanísticos.
¿Se acuerdan de la trama de corrupción urbanística del municipio murciano de Totana, destapada el pasado mes de diciembre de 2007?
Resulta que supuestos pagos realizados a algunos políticos locales, incluido al alcalde, a cambio de recalificaciones de terrenos, acabaron en detenciones y arrestos. Y lo más curioso es que tirando del hilo se detuvo al propietario de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de huevos. Esta empresa fue la beneficiaria de una operación urbanística e implicada directamente en el caso.
¿Podría guardar ciertos paralelismos con la sociedad vinícola e inmobiliaria a la que pertenece Banyeres?. Segun desvelaba la cadena COPE en el mes de noviembre, “el alcalde de Salou, el socialista Antoni Banyeres, forma parte de una sociedad limitada con domicilio e Scala Dei, juntamente con 17 socios más. De estos, 9 son empresas dedicadas a la promoción y gestión inmobiliaria, y al menos 8 de ellas tendría intereses inmobiliarios directos en Salou”.
Seguía informando la emisora que “llama la atención que Banyeres tenga negocios privados y no conocidos hasta ahora con el constructor Josep Maria Huguet; y llama la atención que dos miembros de CiU con cargos públicos pertenezcan conjuntamente con el alcalde socialista a esta sociedad, teniendo en cuenta que uno de estos convergentes (Pascual Roche) tendría también intereses directos en otro solar pendiente de recalificación por el gobierno de Salou”.
Si a todo ello le añadimos la voluntad manifestada por el gobierno Banyeres de recalificar terrenos a uso residencial, donde algunos de sus socios “vinícolas” podrían tener intereses inmobiliarios, entonces cabe toda duda y fundada sospecha.

Escándalo por presunto fraude fiscal del Interventor

Mientras el gobierno intenta silenciarlo, la Oposición presenta denuncia ante la “Sindicatura de Comptes”
Los grupos municipales de la Oposición en el Ayuntamiento, FUPS y PP, presentaron al alcalde, Antoni Banyeres, escrito de denuncia instando a iniciar expediente disciplinario contra el Interventor municipal, Juan Manuel Hernández, para que fueran investigadas y determinadas las irregularidades contables y fiscales que cometió en las retenciones del IRPF, y en consecuencia le fueran aplicadas las sanciones correspondientes. El escrito también solicitaba que de forma cautelar, el Interventor fuera apartado del servicio; que fuera normalizada y regularizada la situación ante las administraciones perjudicadas; que se diera traslado de la denuncia a la Fiscalía de Tarragona, a la Delegación Territorial del Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes”; y que se realizara una auditoría al Patronato Municipal de Turismo.
Ante las fundadas sospechas, FUPS solicitó al Presidente del Patronato de Turismo, Marc Montagut (CiU), toda la información relativa a las retenciones en concepto de IRPF efectuadas sobre las cuantías percibidas por el Interventor como retribuciones complementarias por sus servicios de asesoramiento y asistencia al Patronato.
La información recibida reconoce literalmente que “no se tiene constancia de la práctica de ningún tipo de retención del IRPF a las cuantías percibidas por el Sr. Interventor, Juan Manuel Hernández durante los años 2003, 2004 y 2005”; por lo cual el hecho podría ser constitutivo de una falta grave según la normativa de la función pública; y según los años de comisión, podría incluso ser considerada como muy grave.
Según FUS y PP, “este gravísimo comportamiento del funcionario que debería ser el garante de la legalidad económica y contable del Ayuntamiento, debe ser puesto en conocimiento de la jurisdicción penal, por si fuera constitutivo, además, de delito de fraude a la Hacienda Pública”.
A la vista de ello, está claro que puede existir intencionalidad de defraudar por parte del Interventor, puesto que fue él mismo el beneficiario que se iba firmando los mandatos de pago sin la retención del IRPF. Además, las actuaciones realizadas podrían ser también constitutivas de un delito de falsificación de documento público.

El Alcalde y Pellicé (CiU) intentan silenciar el tema

La Oposición denuncia también que puede existir encubrimiento de los hechos por parte del actual equipo de Gobierno. En la última Junta de Portavoces celebrada el mes de octubre, el alcalde BANYERES y el regidor PELLICÉ intentaron silenciar el hecho proponiendo a la Oposición que no denunciara el caso; por lo que nos encontramos con un gobierno que deja clara su posición al respecto: no piensa hacer nada y se posiciona como encubridor y cómplice. Ello obliga a la Oposición a cursar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, ya que los hechos encubiertos por el gobierno podrian ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación.
Según FUPS y PP “existen toda una serie de intereses políticos que nosotros desconocemos, que en un sistema democrático y de derecho son incomprensibles e inadmisibles, y que hacen que este gobierno, pese a la gravedad de los hechos denunciados, protejan al Interventor”.

Otal, Montagut (CiU) y Pasquina, responsables políticos

Los grupos municipales de FUPS y PP acudirán también al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes” con el fin de que se investigue la contabilidad del Ayuntamiento de Salou tras las declaraciones del concejal de Planificación Territorial, PABLO OTAL, donde ingenuamente puso de manifiesto que durante el período en que él fue concejal de Hacienda “se practicaban ciertas corruptelas” cuando quiso acusar al concejal de FUPS, Pere Granados, de ocultarlas.
El informe que le sirve a Pablo Otal para manifestar que con el anterior gobierno se ocultaron “pequeñas corruptelas”, se refiere a las “ayudas sociales” de los trabajadores del Ayuntamiento; documento que fué dirigido a los Sindicatos para su oportuno conocimiento y como muestra de la voluntad del anterior gobierno FUPS-PP de regularizar la situación, que provenía de cuando OTAL era concejal de Hacienda.
El informe concluye que se debian abonar estas ayudas y proceder a su regularización en el ejercicio 2007. Regularización que, por cierto, debía hacer el actual equipo de gobierno, PSC-RDS-CIU, y que no ha hecho, pese a tener conocimento de este informe y del resultado de la auditoria en que se ponía de manifiesto este extremo.
Por lo tanto son responsables políticos de ello la actual concejala de Hacienda, Rosa PASQUINA y todo el quipo de Gobierno por encubrir las irregularidares tributarias cometidas por el Interventor.
Es importante destacar que estas irregularidades fueron cometidas durante los años en que OTAL fue concejal de Hacienda (2003-2005), y Marc Montagut (CiU) concejal de Turismo; y fueron detectadas justamente por los técninos de Hacienda cuando el interventor ya estaba destituido, y cuando Pere Granados ya era el titular del Área, y Alberto del Hierro titular de Turismo.
Fue en ese momento, una vez detectadas las irregularidades, que se actuó con total responsabilidad y discreción encargando una auditoria interna que investigara el asunto; pero que sospechosamente fue dejada sin efecto con la entrada del nuevo gobierno BAÑERAS-PELLICÉ-OTAL, evitando así la investigación de esta u otras irregularidades que se hubieran podido detectar.
Según apunta Granados (FUPS), “acudiremos a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas para que investigue la contabilidad de la Hacienda municipal entre los años 2003-2005, y para que descubra de una vez que quien acusa de corruptelas, el Sr. Otal, es quién las practica”.
Añadía que “nosotros estamos aquí para defender la legalidad de la gestión pública y para que se administren correctamente los intereses de los ciudadanos”.

Con amigos como Otal ........

Típico del concejal de Planificación Territorial, Pablo Otal. Cuando se las ve crudas tiene la habilidad de escurrir el bulto y cargar el muerto al amigo más próximo. En esta ocasión le ha tocado a su fiel escudero, el Interventor Juan Manuel Hernández. Resulta que para Otal, las irregularidades cometidas en la retención del IRPF “és una cuestión puramente técnica, y no tiene nada que ver con lo político”. “Ni Granados ni yo somos responsables”, decia. Muy bonito. Con amigos como Otal, al Interventor no le hacen falta enemigos. Y por cierto, que Otal vuelve a meter la pata al decir que si a alguien salpica este feo asunto de “corruptelas” es a “ellos”, refiriéndose a la Oposición. Pues que sepa todo el mundo que las supuestas “anomalias” como las califica Otal corrigiendo (por algo será que ahora les resta importancia) se hicieron cuando él era el responsable político de Hacienda y su escudero responsable técnico.

Un Ayuntamiento muy familiar: hinchado con amigos, parientes o miembros de los partidos que forman el gobierno de Salou

La familia OTAL se lleva a casa 89.000 euros del dinero que pagamos entre todos (casi 15 millones de las antiguas pesetas).
Los casos:

ANTONI BRULL (concejal del PSC):
- A su hermano se le aumenta el sueldo 2.000 euros.
- Su hijo pasa a formar parte de la Policía Local.
- A su cuñado se le renueva el contrato cuando tenia que haber acabado en diciembre.
- A la hermana del cuñado, también se la contrata.

MARTINA FOURRIER (concejala de CiU):
- Contrata al número 6 de la lista de CiU como cargo de su confianza.

SALVADOR PELLICE (concejal de CiU):
- Contrata al abogado de la Asociación Hotelera de cuando él era el presidente.
- Contrata al responsable de Prensa de la Asociación Hotelera de cuando él era el presidente.
- Incorpora a Pascual Roche como cargo de confianza (número 4 en la lista de CiU y miembro de la sociedad vinícola-turística-inmobiliaria a la que pertenece también el alcalde Banyeres).

SONIA GARCIA (concejala del PSC):
- Se contrata a su padre en la Brigada.
- Se contrata a la número 9 de la lista del PSC en el Área de Ocupación.

ZACARIAS HENAR (concejal del PSC):
- Se contrata a un miembro de la lista del PSC como inspector de Concesiones.
- Se crea el cargo de Secretaria de Regidors y se aumentan el sueldo a una funcionaria miembro del PSC.

ANTONIO BANYERES (alcalde PSC):
- Se contrata al responsable de comunicación del PSC en Salou como cargo de confianza.
- Se contrata a una íntima amiga como cargo de confianza en Alcaldía.
- Se contratan los servicios de su abogado y amigo personal.

PABLO OTAL (concejal de RDS):
- Crea un puesto y un cargo de privilegio para su mujer como coordinadora Interserveis de Serveis Territorials, con un sueldo de casi 38.000 euros. Entre éste y el suyo, de 51.000 euros anuales, la familia Otal se lleva a casa 89.000 euros del dinero que pagamos entre todos (casi 15 millones de las antiguas pesetas). A parte de su sueldo como maestro en el IES.
- Se crea una plaza de técnico para un miembro del Sindicato CATAC (brazo sindical de RDS).
- Se restituye al puesto de Tesorero al representante de RDS en las últimas elecciones, cuya mujer formaba parte de la lista.
- Se restituye al puesto de Interventor a Joan Manuel Hernández, amigo personal de Otal y miembro de su partido, con un sueldo de casi 120.000 euros anuales (20 millones de pesetas).

DANIEL LOPEZ (concejal del PSC):
- Al miembro de la ejecutiva d’ERC se le aumentan el sueldo con dos puntos mas de complemento de destino.
- Se mejoran las condiciones de trabajo de su amigo personal, con la creación de la plaza de técnico de Joventut.

ROSA PASQUINA (concejala del PSC):
- Se contrata a su hijo como monitor de deportes, aumentándole la jornada laboral.

La modificación del organigrama de trabajadores aprobado por PSC-CiU-RDS, responde al pago de favores y fidelidades políticas

Se crean 45 nuevas plazas que costarán a los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007 (casi 240 millones de las antiguas pts).
Según los grupos municipales en la Oposición (FUPS y PP) esta modificación obedece única y exclusivamente a razones políticas y al pago de fidelidades, y no a conseguir una mayor eficacia administrativa como se desprende de las pruebas y la reflexión que sigue.
Manifiesta la Oposición que, evidentemente, ello supone “un despropósito, teniendo en cuenta que el organigrama de trabajadores ya se aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas y sindicatos representantes de los trabajadores en el año 2006”. Añaden FUPS y PP que “este gobierno ha roto el consenso creado respecto a un tema de vital importancia, generando además situaciones injustas y agravios comparativos para beneficiar a unos funcionarios y perjudicar a otros, a la vez que algún despido por razones políticas y no por razones laborales”.
Por ejemplo, al Interventor le atribuyen funciones de coordinación de las áreas presupuestarias y de gestión tributaria; suponiendo un absurdo que la misma persona que ha de fiscalizar las cuentas y velar por su cumplimiento, también tenga que realizarlas y fabricarlas, y más teniendo en cuenta las irregularidades sobre las retenciones del IRFP. En cambio no se mantiene el mismo criterio con el puesto de Secretario, al que se le reducen competencias.
Por otra parte, se observa que no existe ningún equilibrio organizativo si comparamos unas áreas con otras (cosa que el Interventor y el Sr. Otal se preocuparon en su tiempo para que así fuera). Algunas parecen auténticos reinos de “Taifas”, dependiendo del partido político que la tenga en sus manos. Cada uno ha creado su propia estructura a medida y conveniencia. Las áreas que dirige Otal y su partido RDS las llenan de cargos intermedios, y si no se premia a sus especiales colaboradores sindicales con puestos de superior categoría, con los consiguientes incrementos salariales.
Se crean también cargos y nuevas plazas para pagar fidelidades de algunos funcionarios y algunas incluso llaman sospechosamente la atención, como la de coordinadora Interserveis de l’Área de Serveis Territorials, destinada específicamente a la mujer del Sr Otal; la de ordenanza de Reprografía para el hermano del Sr. Brull, y la de secretaria de Regidors, para un miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC.

Cargos de confianza
Como era de esperar, algunas de las 13 plazas de cargos de confianza que el gobierno ha ido creando, al dibujarlas en el organigrama, tienen difícil encaje. Se ve claramente que ni tienen personal a cargo ni siquiera funciones claramente definidas, como se puede extraer de las fichas descriptivas de sus puestos.

Es el caso por ejemplo del coordinador de participación ciudadana Sr. Roche, nº 4 en las listas de CIU, y F. Rubio, coordinador de concesiones, miembro del PSC.

Por lo tanto, este gobierno está “despilfarrando” el dinero público en la creación de plazas nuevas, contratación de personal de confianza y subidas salariales a los afines al régimen. Con el cambio organizativo de la RPT se crean 45 nuevas plazas, que nos van a costar a todos los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007. En total 14 millones de euros que suponen un 40% de gasto del total del presupuesto ordinario. Un gasto desorbitado que un Ayuntamiento como el de Salou, con los ingresos actuales, no puede absorber ni sufragar si no es haciendo lo que hacen: tener el municipio totalmente paralizado.

Ante la decisión del gobierno Banyeres de desestimar las reclamaciones y las alegaciones al Presupuesto y a la Relación de Puestos de Trabajo

La Oposición estudia presentar un contencioso ante los tribunales
Otal i Brull debían de haberse abstenido de votar mejoras laborales y salariales para su esposa y su hermano respectivamente.
El asunto arranca cuando los grupos municipales de FUPS y PP tuvieron que presentar, ante la Subdelegación del Gobierno, escrito de impugnación del Presupuesto 2008, la plantilla y el organigrama de puestos de trabajo aprobados en sesión plenaria de diciembre de 2007, por la arbitrariedad y clara vulneración de principios básicos de los acuerdos adoptados por el gobierno municipal, y por lo cual se solicitó, por parte de la Oposición, que se declaran nulos de pleno derecho.
La alegación más importante hacía referencia a la vulneración del principio de “moralidad administrativa”, que se articula mediante la abstención y la recusación. Justamente la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar el la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra un caso de parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, y que dado el caso de incumplimiento “se podrá promover la recusación” y la invalidez de los actos.
Así pues, según la aplicación de la legislación serian nulos de pleno derecho todos los acuerdos adoptados mediante los cuales se incrementa de forma particular el sueldo del hermano del concejal ANTONIO BRULL y se mejoran las condiciones exclusivas laborales de la esposa del concejal PABLO OTAL, creándole un nuevo puesto de trabajo; dado que son modificaciones singulares y específicas que afectan solamente a estos dos funcionarios.
Queda claro que debieron de haberse abstenido en la votación para la aprobación del Presupuesto, de la Plantilla y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

FUPS y PP interponen escrito de recusación contra Pablo Otal y Antoni Brull
Dado que el escrito de impugnación fue resuelto desestimándolo el pasado día 4 de febrero de 2008 por parte de gobierno municipal, sin que de nuevo se abstuvieran de la votación los concejales Antonio BRULL y Pablo OTAL, los dos grupos de la Oposición tuvieron que presentar escrito de recusación para que el alcalde, Antoni Banyeres, procediera a apartar a los concejales OTAL y BRULL de aquellos procedimientos de deliberación y votación donde concurran asuntos relacionados con los funcionarios familiares (esposa y hermano respectivamente).
Según FUPS-PP, “se da pues la paradoja, y una manifiesta ilegalidad, y por ello recusamos a estos dos concejales, de que la propuesta de acuerdo y la votación en la que se desestiman nuestras alegaciones que impugnan los acuerdos en los que han participado estos dos concejales es resuelta con el voto determinante de ellos mismos, incumpliendo una vez más lo establecido en la Ley”.
Añadian que “de acuerdo con la Ley, un concejal no puede participar en la deliberación, votación y decisión sobre la validez de su propio voto, por lo que en la sesión plenaria del pasado día 11 de febrero, Otal y Brull debieron de abstenerse en los asuntos donde se resolvía la impugnación; y como no lo hicieron, nos vemos obligados a acudir a los tribunales”.

Auditoría: facturas pendientes de la era Otal

La Auditoria encargada por el gobierno Banyeres sobre la situación económica municipal no descubrió nada. Solo desveló que existen deudas por facturas pendientes de pago que se remontan al año 2004 hasta el 2006, precisamente cuando el concejal de Hacienda era Pablo Otal. El remanente de tesorería que dejó el anterior gobierno FUPS-PP de casi 3 millones de euros, se tuvo que emplear en pagar esa deuda contraída por la mala gestión de Otal y el Interventor Juan Manuel Hernández.

FUPS exige al gobierno municipal que denuncie a El Mundo por la acusación falsa de manipulación de documentos públicos

Saltaba el pasado mes una noticia en el diario El Mundo en la cual se acusaba al Secretario General del Ayuntamiento de Salou de “sustraer documentos públicos para ser manipulados”.
En realidad correspondían a copias de actas de Juntas de gobierno y de plenarios de los años 2006 y 2007, en las cuales faltaba la firma del ex-alcalde, y por lo cual el Secretario decidió hacérselas llegar para validarlas.
Ante esta grave acusación de El Mundo, el equipo de gobierno se precipita a dejar claro que “no se tiene constancia que el contenido de estos documentos hayan sido manipulados”, además de anunciar que se reserva el derecho a tomar las medidas que considere oportunas una vez estudiadas las circunstancias y los hechos.
Por lo tanto, desde FUPS esperamos y exigimos que una vez comprobado que los documentos no hayan sido manipulados, el gobierno municipal no solo haga pública una nota de reprobación sino que curse la oportuna denuncia en los juzgados contra El Mundo por publicar acusaciones falsas y no contrastadas de “manipulación de documentos públicos”.