Se crean 45 nuevas plazas que costarán a los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007 (casi 240 millones de las antiguas pts).
Según los grupos municipales en la Oposición (FUPS y PP) esta modificación obedece única y exclusivamente a razones políticas y al pago de fidelidades, y no a conseguir una mayor eficacia administrativa como se desprende de las pruebas y la reflexión que sigue.
Manifiesta la Oposición que, evidentemente, ello supone “un despropósito, teniendo en cuenta que el organigrama de trabajadores ya se aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas y sindicatos representantes de los trabajadores en el año 2006”. Añaden FUPS y PP que “este gobierno ha roto el consenso creado respecto a un tema de vital importancia, generando además situaciones injustas y agravios comparativos para beneficiar a unos funcionarios y perjudicar a otros, a la vez que algún despido por razones políticas y no por razones laborales”.
Por ejemplo, al Interventor le atribuyen funciones de coordinación de las áreas presupuestarias y de gestión tributaria; suponiendo un absurdo que la misma persona que ha de fiscalizar las cuentas y velar por su cumplimiento, también tenga que realizarlas y fabricarlas, y más teniendo en cuenta las irregularidades sobre las retenciones del IRFP. En cambio no se mantiene el mismo criterio con el puesto de Secretario, al que se le reducen competencias.
Por otra parte, se observa que no existe ningún equilibrio organizativo si comparamos unas áreas con otras (cosa que el Interventor y el Sr. Otal se preocuparon en su tiempo para que así fuera). Algunas parecen auténticos reinos de “Taifas”, dependiendo del partido político que la tenga en sus manos. Cada uno ha creado su propia estructura a medida y conveniencia. Las áreas que dirige Otal y su partido RDS las llenan de cargos intermedios, y si no se premia a sus especiales colaboradores sindicales con puestos de superior categoría, con los consiguientes incrementos salariales.
Se crean también cargos y nuevas plazas para pagar fidelidades de algunos funcionarios y algunas incluso llaman sospechosamente la atención, como la de coordinadora Interserveis de l’Área de Serveis Territorials, destinada específicamente a la mujer del Sr Otal; la de ordenanza de Reprografía para el hermano del Sr. Brull, y la de secretaria de Regidors, para un miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC.
Cargos de confianza
Como era de esperar, algunas de las 13 plazas de cargos de confianza que el gobierno ha ido creando, al dibujarlas en el organigrama, tienen difícil encaje. Se ve claramente que ni tienen personal a cargo ni siquiera funciones claramente definidas, como se puede extraer de las fichas descriptivas de sus puestos.
Es el caso por ejemplo del coordinador de participación ciudadana Sr. Roche, nº 4 en las listas de CIU, y F. Rubio, coordinador de concesiones, miembro del PSC.Según los grupos municipales en la Oposición (FUPS y PP) esta modificación obedece única y exclusivamente a razones políticas y al pago de fidelidades, y no a conseguir una mayor eficacia administrativa como se desprende de las pruebas y la reflexión que sigue.
Manifiesta la Oposición que, evidentemente, ello supone “un despropósito, teniendo en cuenta que el organigrama de trabajadores ya se aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas y sindicatos representantes de los trabajadores en el año 2006”. Añaden FUPS y PP que “este gobierno ha roto el consenso creado respecto a un tema de vital importancia, generando además situaciones injustas y agravios comparativos para beneficiar a unos funcionarios y perjudicar a otros, a la vez que algún despido por razones políticas y no por razones laborales”.
Por ejemplo, al Interventor le atribuyen funciones de coordinación de las áreas presupuestarias y de gestión tributaria; suponiendo un absurdo que la misma persona que ha de fiscalizar las cuentas y velar por su cumplimiento, también tenga que realizarlas y fabricarlas, y más teniendo en cuenta las irregularidades sobre las retenciones del IRFP. En cambio no se mantiene el mismo criterio con el puesto de Secretario, al que se le reducen competencias.
Por otra parte, se observa que no existe ningún equilibrio organizativo si comparamos unas áreas con otras (cosa que el Interventor y el Sr. Otal se preocuparon en su tiempo para que así fuera). Algunas parecen auténticos reinos de “Taifas”, dependiendo del partido político que la tenga en sus manos. Cada uno ha creado su propia estructura a medida y conveniencia. Las áreas que dirige Otal y su partido RDS las llenan de cargos intermedios, y si no se premia a sus especiales colaboradores sindicales con puestos de superior categoría, con los consiguientes incrementos salariales.
Se crean también cargos y nuevas plazas para pagar fidelidades de algunos funcionarios y algunas incluso llaman sospechosamente la atención, como la de coordinadora Interserveis de l’Área de Serveis Territorials, destinada específicamente a la mujer del Sr Otal; la de ordenanza de Reprografía para el hermano del Sr. Brull, y la de secretaria de Regidors, para un miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC.
Cargos de confianza
Como era de esperar, algunas de las 13 plazas de cargos de confianza que el gobierno ha ido creando, al dibujarlas en el organigrama, tienen difícil encaje. Se ve claramente que ni tienen personal a cargo ni siquiera funciones claramente definidas, como se puede extraer de las fichas descriptivas de sus puestos.
Por lo tanto, este gobierno está “despilfarrando” el dinero público en la creación de plazas nuevas, contratación de personal de confianza y subidas salariales a los afines al régimen. Con el cambio organizativo de la RPT se crean 45 nuevas plazas, que nos van a costar a todos los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007. En total 14 millones de euros que suponen un 40% de gasto del total del presupuesto ordinario. Un gasto desorbitado que un Ayuntamiento como el de Salou, con los ingresos actuales, no puede absorber ni sufragar si no es haciendo lo que hacen: tener el municipio totalmente paralizado.
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