Mientras el gobierno intenta silenciarlo, la Oposición presenta denuncia ante la “Sindicatura de Comptes”
Los grupos municipales de la Oposición en el Ayuntamiento, FUPS y PP, presentaron al alcalde, Antoni Banyeres, escrito de denuncia instando a iniciar expediente disciplinario contra el Interventor municipal, Juan Manuel Hernández, para que fueran investigadas y determinadas las irregularidades contables y fiscales que cometió en las retenciones del IRPF, y en consecuencia le fueran aplicadas las sanciones correspondientes. El escrito también solicitaba que de forma cautelar, el Interventor fuera apartado del servicio; que fuera normalizada y regularizada la situación ante las administraciones perjudicadas; que se diera traslado de la denuncia a la Fiscalía de Tarragona, a la Delegación Territorial del Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes”; y que se realizara una auditoría al Patronato Municipal de Turismo.
Ante las fundadas sospechas, FUPS solicitó al Presidente del Patronato de Turismo, Marc Montagut (CiU), toda la información relativa a las retenciones en concepto de IRPF efectuadas sobre las cuantías percibidas por el Interventor como retribuciones complementarias por sus servicios de asesoramiento y asistencia al Patronato.
La información recibida reconoce literalmente que “no se tiene constancia de la práctica de ningún tipo de retención del IRPF a las cuantías percibidas por el Sr. Interventor, Juan Manuel Hernández durante los años 2003, 2004 y 2005”; por lo cual el hecho podría ser constitutivo de una falta grave según la normativa de la función pública; y según los años de comisión, podría incluso ser considerada como muy grave.
Según FUS y PP, “este gravísimo comportamiento del funcionario que debería ser el garante de la legalidad económica y contable del Ayuntamiento, debe ser puesto en conocimiento de la jurisdicción penal, por si fuera constitutivo, además, de delito de fraude a la Hacienda Pública”.
A la vista de ello, está claro que puede existir intencionalidad de defraudar por parte del Interventor, puesto que fue él mismo el beneficiario que se iba firmando los mandatos de pago sin la retención del IRPF. Además, las actuaciones realizadas podrían ser también constitutivas de un delito de falsificación de documento público.
El Alcalde y Pellicé (CiU) intentan silenciar el tema
La Oposición denuncia también que puede existir encubrimiento de los hechos por parte del actual equipo de Gobierno. En la última Junta de Portavoces celebrada el mes de octubre, el alcalde BANYERES y el regidor PELLICÉ intentaron silenciar el hecho proponiendo a la Oposición que no denunciara el caso; por lo que nos encontramos con un gobierno que deja clara su posición al respecto: no piensa hacer nada y se posiciona como encubridor y cómplice. Ello obliga a la Oposición a cursar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, ya que los hechos encubiertos por el gobierno podrian ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación.
Según FUPS y PP “existen toda una serie de intereses políticos que nosotros desconocemos, que en un sistema democrático y de derecho son incomprensibles e inadmisibles, y que hacen que este gobierno, pese a la gravedad de los hechos denunciados, protejan al Interventor”.
Otal, Montagut (CiU) y Pasquina, responsables políticos
Los grupos municipales de FUPS y PP acudirán también al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes” con el fin de que se investigue la contabilidad del Ayuntamiento de Salou tras las declaraciones del concejal de Planificación Territorial, PABLO OTAL, donde ingenuamente puso de manifiesto que durante el período en que él fue concejal de Hacienda “se practicaban ciertas corruptelas” cuando quiso acusar al concejal de FUPS, Pere Granados, de ocultarlas.
El informe que le sirve a Pablo Otal para manifestar que con el anterior gobierno se ocultaron “pequeñas corruptelas”, se refiere a las “ayudas sociales” de los trabajadores del Ayuntamiento; documento que fué dirigido a los Sindicatos para su oportuno conocimiento y como muestra de la voluntad del anterior gobierno FUPS-PP de regularizar la situación, que provenía de cuando OTAL era concejal de Hacienda.
El informe concluye que se debian abonar estas ayudas y proceder a su regularización en el ejercicio 2007. Regularización que, por cierto, debía hacer el actual equipo de gobierno, PSC-RDS-CIU, y que no ha hecho, pese a tener conocimento de este informe y del resultado de la auditoria en que se ponía de manifiesto este extremo.
Por lo tanto son responsables políticos de ello la actual concejala de Hacienda, Rosa PASQUINA y todo el quipo de Gobierno por encubrir las irregularidares tributarias cometidas por el Interventor.
Es importante destacar que estas irregularidades fueron cometidas durante los años en que OTAL fue concejal de Hacienda (2003-2005), y Marc Montagut (CiU) concejal de Turismo; y fueron detectadas justamente por los técninos de Hacienda cuando el interventor ya estaba destituido, y cuando Pere Granados ya era el titular del Área, y Alberto del Hierro titular de Turismo.
Fue en ese momento, una vez detectadas las irregularidades, que se actuó con total responsabilidad y discreción encargando una auditoria interna que investigara el asunto; pero que sospechosamente fue dejada sin efecto con la entrada del nuevo gobierno BAÑERAS-PELLICÉ-OTAL, evitando así la investigación de esta u otras irregularidades que se hubieran podido detectar.
Según apunta Granados (FUPS), “acudiremos a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas para que investigue la contabilidad de la Hacienda municipal entre los años 2003-2005, y para que descubra de una vez que quien acusa de corruptelas, el Sr. Otal, es quién las practica”.
Añadía que “nosotros estamos aquí para defender la legalidad de la gestión pública y para que se administren correctamente los intereses de los ciudadanos”.
Con amigos como Otal ........
Típico del concejal de Planificación Territorial, Pablo Otal. Cuando se las ve crudas tiene la habilidad de escurrir el bulto y cargar el muerto al amigo más próximo. En esta ocasión le ha tocado a su fiel escudero, el Interventor Juan Manuel Hernández. Resulta que para Otal, las irregularidades cometidas en la retención del IRPF “és una cuestión puramente técnica, y no tiene nada que ver con lo político”. “Ni Granados ni yo somos responsables”, decia. Muy bonito. Con amigos como Otal, al Interventor no le hacen falta enemigos. Y por cierto, que Otal vuelve a meter la pata al decir que si a alguien salpica este feo asunto de “corruptelas” es a “ellos”, refiriéndose a la Oposición. Pues que sepa todo el mundo que las supuestas “anomalias” como las califica Otal corrigiendo (por algo será que ahora les resta importancia) se hicieron cuando él era el responsable político de Hacienda y su escudero responsable técnico.
Los grupos municipales de la Oposición en el Ayuntamiento, FUPS y PP, presentaron al alcalde, Antoni Banyeres, escrito de denuncia instando a iniciar expediente disciplinario contra el Interventor municipal, Juan Manuel Hernández, para que fueran investigadas y determinadas las irregularidades contables y fiscales que cometió en las retenciones del IRPF, y en consecuencia le fueran aplicadas las sanciones correspondientes. El escrito también solicitaba que de forma cautelar, el Interventor fuera apartado del servicio; que fuera normalizada y regularizada la situación ante las administraciones perjudicadas; que se diera traslado de la denuncia a la Fiscalía de Tarragona, a la Delegación Territorial del Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes”; y que se realizara una auditoría al Patronato Municipal de Turismo.
Ante las fundadas sospechas, FUPS solicitó al Presidente del Patronato de Turismo, Marc Montagut (CiU), toda la información relativa a las retenciones en concepto de IRPF efectuadas sobre las cuantías percibidas por el Interventor como retribuciones complementarias por sus servicios de asesoramiento y asistencia al Patronato.
La información recibida reconoce literalmente que “no se tiene constancia de la práctica de ningún tipo de retención del IRPF a las cuantías percibidas por el Sr. Interventor, Juan Manuel Hernández durante los años 2003, 2004 y 2005”; por lo cual el hecho podría ser constitutivo de una falta grave según la normativa de la función pública; y según los años de comisión, podría incluso ser considerada como muy grave.
Según FUS y PP, “este gravísimo comportamiento del funcionario que debería ser el garante de la legalidad económica y contable del Ayuntamiento, debe ser puesto en conocimiento de la jurisdicción penal, por si fuera constitutivo, además, de delito de fraude a la Hacienda Pública”.
A la vista de ello, está claro que puede existir intencionalidad de defraudar por parte del Interventor, puesto que fue él mismo el beneficiario que se iba firmando los mandatos de pago sin la retención del IRPF. Además, las actuaciones realizadas podrían ser también constitutivas de un delito de falsificación de documento público.
El Alcalde y Pellicé (CiU) intentan silenciar el tema
La Oposición denuncia también que puede existir encubrimiento de los hechos por parte del actual equipo de Gobierno. En la última Junta de Portavoces celebrada el mes de octubre, el alcalde BANYERES y el regidor PELLICÉ intentaron silenciar el hecho proponiendo a la Oposición que no denunciara el caso; por lo que nos encontramos con un gobierno que deja clara su posición al respecto: no piensa hacer nada y se posiciona como encubridor y cómplice. Ello obliga a la Oposición a cursar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, ya que los hechos encubiertos por el gobierno podrian ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación.
Según FUPS y PP “existen toda una serie de intereses políticos que nosotros desconocemos, que en un sistema democrático y de derecho son incomprensibles e inadmisibles, y que hacen que este gobierno, pese a la gravedad de los hechos denunciados, protejan al Interventor”.
Otal, Montagut (CiU) y Pasquina, responsables políticos
Los grupos municipales de FUPS y PP acudirán también al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes” con el fin de que se investigue la contabilidad del Ayuntamiento de Salou tras las declaraciones del concejal de Planificación Territorial, PABLO OTAL, donde ingenuamente puso de manifiesto que durante el período en que él fue concejal de Hacienda “se practicaban ciertas corruptelas” cuando quiso acusar al concejal de FUPS, Pere Granados, de ocultarlas.
El informe que le sirve a Pablo Otal para manifestar que con el anterior gobierno se ocultaron “pequeñas corruptelas”, se refiere a las “ayudas sociales” de los trabajadores del Ayuntamiento; documento que fué dirigido a los Sindicatos para su oportuno conocimiento y como muestra de la voluntad del anterior gobierno FUPS-PP de regularizar la situación, que provenía de cuando OTAL era concejal de Hacienda.
El informe concluye que se debian abonar estas ayudas y proceder a su regularización en el ejercicio 2007. Regularización que, por cierto, debía hacer el actual equipo de gobierno, PSC-RDS-CIU, y que no ha hecho, pese a tener conocimento de este informe y del resultado de la auditoria en que se ponía de manifiesto este extremo.
Por lo tanto son responsables políticos de ello la actual concejala de Hacienda, Rosa PASQUINA y todo el quipo de Gobierno por encubrir las irregularidares tributarias cometidas por el Interventor.
Es importante destacar que estas irregularidades fueron cometidas durante los años en que OTAL fue concejal de Hacienda (2003-2005), y Marc Montagut (CiU) concejal de Turismo; y fueron detectadas justamente por los técninos de Hacienda cuando el interventor ya estaba destituido, y cuando Pere Granados ya era el titular del Área, y Alberto del Hierro titular de Turismo.
Fue en ese momento, una vez detectadas las irregularidades, que se actuó con total responsabilidad y discreción encargando una auditoria interna que investigara el asunto; pero que sospechosamente fue dejada sin efecto con la entrada del nuevo gobierno BAÑERAS-PELLICÉ-OTAL, evitando así la investigación de esta u otras irregularidades que se hubieran podido detectar.
Según apunta Granados (FUPS), “acudiremos a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas para que investigue la contabilidad de la Hacienda municipal entre los años 2003-2005, y para que descubra de una vez que quien acusa de corruptelas, el Sr. Otal, es quién las practica”.
Añadía que “nosotros estamos aquí para defender la legalidad de la gestión pública y para que se administren correctamente los intereses de los ciudadanos”.
Con amigos como Otal ........
Típico del concejal de Planificación Territorial, Pablo Otal. Cuando se las ve crudas tiene la habilidad de escurrir el bulto y cargar el muerto al amigo más próximo. En esta ocasión le ha tocado a su fiel escudero, el Interventor Juan Manuel Hernández. Resulta que para Otal, las irregularidades cometidas en la retención del IRPF “és una cuestión puramente técnica, y no tiene nada que ver con lo político”. “Ni Granados ni yo somos responsables”, decia. Muy bonito. Con amigos como Otal, al Interventor no le hacen falta enemigos. Y por cierto, que Otal vuelve a meter la pata al decir que si a alguien salpica este feo asunto de “corruptelas” es a “ellos”, refiriéndose a la Oposición. Pues que sepa todo el mundo que las supuestas “anomalias” como las califica Otal corrigiendo (por algo será que ahora les resta importancia) se hicieron cuando él era el responsable político de Hacienda y su escudero responsable técnico.
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