FUPS y PP denuncian que el gobierno municipal adjudique un terreno público para la construcción de una escuela privada

Con la abstención de la Oposición y los votos favorables del gobierno PSC-CIU-RDS, el plenario aprobó el pliego de clausulas y condiciones que regirán la convocatoria para la concesión de un terreno de titularidad pública municipal situado en el Mirador de Salou, para la construcción de un colegio privado y de élite.

Los grupos de la Oposición no están de acuerdo que se destinen 40.000 m2 de superficie de propiedad municipal para la construcción y explotación de un centro de enseñanza privado sin que se garantice que la empresa adjudicataria sea una entidad sin ánimo de lucro. FUPS y PP entienden que “se debe evitar que se haga negocio con la educación y más siendo un terreno de propiedad pública”. Añaden que “solo una entidad sin ánimo de lucro garantiza que su objetivo sea única y exclusivamente la formación de los alumnos”.
Argumentaban además que “tampoco se garantiza que los alumnos de Salou tengan al menos un trato preferencial, contemplando matriculas más accesibles o gratuitas, dado que el terreno es del municipio”.

De TOTANA a SALOU
El negocio vinícola del alcalde Banyeres podría esconder también negocios inmobiliarios
Mientras que Banyeres sostiene que la actividad de la sociedad a la que pertenece sólo tiene intereses vinícolas (ocultando sus intereses turísticos e inmobiliarios), en Totana, una sociedad que sólo comercializaba con huevos fue registrada por las autoridades judiciales por estar imputada en delitos urbanísticos.
¿Se acuerdan de la trama de corrupción urbanística del municipio murciano de Totana, destapada el pasado mes de diciembre de 2007?
Resulta que supuestos pagos realizados a algunos políticos locales, incluido al alcalde, a cambio de recalificaciones de terrenos, acabaron en detenciones y arrestos. Y lo más curioso es que tirando del hilo se detuvo al propietario de una empresa dedicada a la comercialización y distribución de huevos. Esta empresa fue la beneficiaria de una operación urbanística e implicada directamente en el caso.
¿Podría guardar ciertos paralelismos con la sociedad vinícola e inmobiliaria a la que pertenece Banyeres?. Segun desvelaba la cadena COPE en el mes de noviembre, “el alcalde de Salou, el socialista Antoni Banyeres, forma parte de una sociedad limitada con domicilio e Scala Dei, juntamente con 17 socios más. De estos, 9 son empresas dedicadas a la promoción y gestión inmobiliaria, y al menos 8 de ellas tendría intereses inmobiliarios directos en Salou”.
Seguía informando la emisora que “llama la atención que Banyeres tenga negocios privados y no conocidos hasta ahora con el constructor Josep Maria Huguet; y llama la atención que dos miembros de CiU con cargos públicos pertenezcan conjuntamente con el alcalde socialista a esta sociedad, teniendo en cuenta que uno de estos convergentes (Pascual Roche) tendría también intereses directos en otro solar pendiente de recalificación por el gobierno de Salou”.
Si a todo ello le añadimos la voluntad manifestada por el gobierno Banyeres de recalificar terrenos a uso residencial, donde algunos de sus socios “vinícolas” podrían tener intereses inmobiliarios, entonces cabe toda duda y fundada sospecha.

Escándalo por presunto fraude fiscal del Interventor

Mientras el gobierno intenta silenciarlo, la Oposición presenta denuncia ante la “Sindicatura de Comptes”
Los grupos municipales de la Oposición en el Ayuntamiento, FUPS y PP, presentaron al alcalde, Antoni Banyeres, escrito de denuncia instando a iniciar expediente disciplinario contra el Interventor municipal, Juan Manuel Hernández, para que fueran investigadas y determinadas las irregularidades contables y fiscales que cometió en las retenciones del IRPF, y en consecuencia le fueran aplicadas las sanciones correspondientes. El escrito también solicitaba que de forma cautelar, el Interventor fuera apartado del servicio; que fuera normalizada y regularizada la situación ante las administraciones perjudicadas; que se diera traslado de la denuncia a la Fiscalía de Tarragona, a la Delegación Territorial del Ministerio de Hacienda, al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes”; y que se realizara una auditoría al Patronato Municipal de Turismo.
Ante las fundadas sospechas, FUPS solicitó al Presidente del Patronato de Turismo, Marc Montagut (CiU), toda la información relativa a las retenciones en concepto de IRPF efectuadas sobre las cuantías percibidas por el Interventor como retribuciones complementarias por sus servicios de asesoramiento y asistencia al Patronato.
La información recibida reconoce literalmente que “no se tiene constancia de la práctica de ningún tipo de retención del IRPF a las cuantías percibidas por el Sr. Interventor, Juan Manuel Hernández durante los años 2003, 2004 y 2005”; por lo cual el hecho podría ser constitutivo de una falta grave según la normativa de la función pública; y según los años de comisión, podría incluso ser considerada como muy grave.
Según FUS y PP, “este gravísimo comportamiento del funcionario que debería ser el garante de la legalidad económica y contable del Ayuntamiento, debe ser puesto en conocimiento de la jurisdicción penal, por si fuera constitutivo, además, de delito de fraude a la Hacienda Pública”.
A la vista de ello, está claro que puede existir intencionalidad de defraudar por parte del Interventor, puesto que fue él mismo el beneficiario que se iba firmando los mandatos de pago sin la retención del IRPF. Además, las actuaciones realizadas podrían ser también constitutivas de un delito de falsificación de documento público.

El Alcalde y Pellicé (CiU) intentan silenciar el tema

La Oposición denuncia también que puede existir encubrimiento de los hechos por parte del actual equipo de Gobierno. En la última Junta de Portavoces celebrada el mes de octubre, el alcalde BANYERES y el regidor PELLICÉ intentaron silenciar el hecho proponiendo a la Oposición que no denunciara el caso; por lo que nos encontramos con un gobierno que deja clara su posición al respecto: no piensa hacer nada y se posiciona como encubridor y cómplice. Ello obliga a la Oposición a cursar la correspondiente denuncia ante la Fiscalía, ya que los hechos encubiertos por el gobierno podrian ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación.
Según FUPS y PP “existen toda una serie de intereses políticos que nosotros desconocemos, que en un sistema democrático y de derecho son incomprensibles e inadmisibles, y que hacen que este gobierno, pese a la gravedad de los hechos denunciados, protejan al Interventor”.

Otal, Montagut (CiU) y Pasquina, responsables políticos

Los grupos municipales de FUPS y PP acudirán también al Tribunal de Cuentas y a la “Sindicatura de Comptes” con el fin de que se investigue la contabilidad del Ayuntamiento de Salou tras las declaraciones del concejal de Planificación Territorial, PABLO OTAL, donde ingenuamente puso de manifiesto que durante el período en que él fue concejal de Hacienda “se practicaban ciertas corruptelas” cuando quiso acusar al concejal de FUPS, Pere Granados, de ocultarlas.
El informe que le sirve a Pablo Otal para manifestar que con el anterior gobierno se ocultaron “pequeñas corruptelas”, se refiere a las “ayudas sociales” de los trabajadores del Ayuntamiento; documento que fué dirigido a los Sindicatos para su oportuno conocimiento y como muestra de la voluntad del anterior gobierno FUPS-PP de regularizar la situación, que provenía de cuando OTAL era concejal de Hacienda.
El informe concluye que se debian abonar estas ayudas y proceder a su regularización en el ejercicio 2007. Regularización que, por cierto, debía hacer el actual equipo de gobierno, PSC-RDS-CIU, y que no ha hecho, pese a tener conocimento de este informe y del resultado de la auditoria en que se ponía de manifiesto este extremo.
Por lo tanto son responsables políticos de ello la actual concejala de Hacienda, Rosa PASQUINA y todo el quipo de Gobierno por encubrir las irregularidares tributarias cometidas por el Interventor.
Es importante destacar que estas irregularidades fueron cometidas durante los años en que OTAL fue concejal de Hacienda (2003-2005), y Marc Montagut (CiU) concejal de Turismo; y fueron detectadas justamente por los técninos de Hacienda cuando el interventor ya estaba destituido, y cuando Pere Granados ya era el titular del Área, y Alberto del Hierro titular de Turismo.
Fue en ese momento, una vez detectadas las irregularidades, que se actuó con total responsabilidad y discreción encargando una auditoria interna que investigara el asunto; pero que sospechosamente fue dejada sin efecto con la entrada del nuevo gobierno BAÑERAS-PELLICÉ-OTAL, evitando así la investigación de esta u otras irregularidades que se hubieran podido detectar.
Según apunta Granados (FUPS), “acudiremos a la Sindicatura y al Tribunal de Cuentas para que investigue la contabilidad de la Hacienda municipal entre los años 2003-2005, y para que descubra de una vez que quien acusa de corruptelas, el Sr. Otal, es quién las practica”.
Añadía que “nosotros estamos aquí para defender la legalidad de la gestión pública y para que se administren correctamente los intereses de los ciudadanos”.

Con amigos como Otal ........

Típico del concejal de Planificación Territorial, Pablo Otal. Cuando se las ve crudas tiene la habilidad de escurrir el bulto y cargar el muerto al amigo más próximo. En esta ocasión le ha tocado a su fiel escudero, el Interventor Juan Manuel Hernández. Resulta que para Otal, las irregularidades cometidas en la retención del IRPF “és una cuestión puramente técnica, y no tiene nada que ver con lo político”. “Ni Granados ni yo somos responsables”, decia. Muy bonito. Con amigos como Otal, al Interventor no le hacen falta enemigos. Y por cierto, que Otal vuelve a meter la pata al decir que si a alguien salpica este feo asunto de “corruptelas” es a “ellos”, refiriéndose a la Oposición. Pues que sepa todo el mundo que las supuestas “anomalias” como las califica Otal corrigiendo (por algo será que ahora les resta importancia) se hicieron cuando él era el responsable político de Hacienda y su escudero responsable técnico.

Un Ayuntamiento muy familiar: hinchado con amigos, parientes o miembros de los partidos que forman el gobierno de Salou

La familia OTAL se lleva a casa 89.000 euros del dinero que pagamos entre todos (casi 15 millones de las antiguas pesetas).
Los casos:

ANTONI BRULL (concejal del PSC):
- A su hermano se le aumenta el sueldo 2.000 euros.
- Su hijo pasa a formar parte de la Policía Local.
- A su cuñado se le renueva el contrato cuando tenia que haber acabado en diciembre.
- A la hermana del cuñado, también se la contrata.

MARTINA FOURRIER (concejala de CiU):
- Contrata al número 6 de la lista de CiU como cargo de su confianza.

SALVADOR PELLICE (concejal de CiU):
- Contrata al abogado de la Asociación Hotelera de cuando él era el presidente.
- Contrata al responsable de Prensa de la Asociación Hotelera de cuando él era el presidente.
- Incorpora a Pascual Roche como cargo de confianza (número 4 en la lista de CiU y miembro de la sociedad vinícola-turística-inmobiliaria a la que pertenece también el alcalde Banyeres).

SONIA GARCIA (concejala del PSC):
- Se contrata a su padre en la Brigada.
- Se contrata a la número 9 de la lista del PSC en el Área de Ocupación.

ZACARIAS HENAR (concejal del PSC):
- Se contrata a un miembro de la lista del PSC como inspector de Concesiones.
- Se crea el cargo de Secretaria de Regidors y se aumentan el sueldo a una funcionaria miembro del PSC.

ANTONIO BANYERES (alcalde PSC):
- Se contrata al responsable de comunicación del PSC en Salou como cargo de confianza.
- Se contrata a una íntima amiga como cargo de confianza en Alcaldía.
- Se contratan los servicios de su abogado y amigo personal.

PABLO OTAL (concejal de RDS):
- Crea un puesto y un cargo de privilegio para su mujer como coordinadora Interserveis de Serveis Territorials, con un sueldo de casi 38.000 euros. Entre éste y el suyo, de 51.000 euros anuales, la familia Otal se lleva a casa 89.000 euros del dinero que pagamos entre todos (casi 15 millones de las antiguas pesetas). A parte de su sueldo como maestro en el IES.
- Se crea una plaza de técnico para un miembro del Sindicato CATAC (brazo sindical de RDS).
- Se restituye al puesto de Tesorero al representante de RDS en las últimas elecciones, cuya mujer formaba parte de la lista.
- Se restituye al puesto de Interventor a Joan Manuel Hernández, amigo personal de Otal y miembro de su partido, con un sueldo de casi 120.000 euros anuales (20 millones de pesetas).

DANIEL LOPEZ (concejal del PSC):
- Al miembro de la ejecutiva d’ERC se le aumentan el sueldo con dos puntos mas de complemento de destino.
- Se mejoran las condiciones de trabajo de su amigo personal, con la creación de la plaza de técnico de Joventut.

ROSA PASQUINA (concejala del PSC):
- Se contrata a su hijo como monitor de deportes, aumentándole la jornada laboral.

La modificación del organigrama de trabajadores aprobado por PSC-CiU-RDS, responde al pago de favores y fidelidades políticas

Se crean 45 nuevas plazas que costarán a los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007 (casi 240 millones de las antiguas pts).
Según los grupos municipales en la Oposición (FUPS y PP) esta modificación obedece única y exclusivamente a razones políticas y al pago de fidelidades, y no a conseguir una mayor eficacia administrativa como se desprende de las pruebas y la reflexión que sigue.
Manifiesta la Oposición que, evidentemente, ello supone “un despropósito, teniendo en cuenta que el organigrama de trabajadores ya se aprobó con el consenso de todas las fuerzas políticas y sindicatos representantes de los trabajadores en el año 2006”. Añaden FUPS y PP que “este gobierno ha roto el consenso creado respecto a un tema de vital importancia, generando además situaciones injustas y agravios comparativos para beneficiar a unos funcionarios y perjudicar a otros, a la vez que algún despido por razones políticas y no por razones laborales”.
Por ejemplo, al Interventor le atribuyen funciones de coordinación de las áreas presupuestarias y de gestión tributaria; suponiendo un absurdo que la misma persona que ha de fiscalizar las cuentas y velar por su cumplimiento, también tenga que realizarlas y fabricarlas, y más teniendo en cuenta las irregularidades sobre las retenciones del IRFP. En cambio no se mantiene el mismo criterio con el puesto de Secretario, al que se le reducen competencias.
Por otra parte, se observa que no existe ningún equilibrio organizativo si comparamos unas áreas con otras (cosa que el Interventor y el Sr. Otal se preocuparon en su tiempo para que así fuera). Algunas parecen auténticos reinos de “Taifas”, dependiendo del partido político que la tenga en sus manos. Cada uno ha creado su propia estructura a medida y conveniencia. Las áreas que dirige Otal y su partido RDS las llenan de cargos intermedios, y si no se premia a sus especiales colaboradores sindicales con puestos de superior categoría, con los consiguientes incrementos salariales.
Se crean también cargos y nuevas plazas para pagar fidelidades de algunos funcionarios y algunas incluso llaman sospechosamente la atención, como la de coordinadora Interserveis de l’Área de Serveis Territorials, destinada específicamente a la mujer del Sr Otal; la de ordenanza de Reprografía para el hermano del Sr. Brull, y la de secretaria de Regidors, para un miembro de la Comisión Ejecutiva del PSC.

Cargos de confianza
Como era de esperar, algunas de las 13 plazas de cargos de confianza que el gobierno ha ido creando, al dibujarlas en el organigrama, tienen difícil encaje. Se ve claramente que ni tienen personal a cargo ni siquiera funciones claramente definidas, como se puede extraer de las fichas descriptivas de sus puestos.

Es el caso por ejemplo del coordinador de participación ciudadana Sr. Roche, nº 4 en las listas de CIU, y F. Rubio, coordinador de concesiones, miembro del PSC.

Por lo tanto, este gobierno está “despilfarrando” el dinero público en la creación de plazas nuevas, contratación de personal de confianza y subidas salariales a los afines al régimen. Con el cambio organizativo de la RPT se crean 45 nuevas plazas, que nos van a costar a todos los ciudadanos 1.431.580 euros más que en el año 2007. En total 14 millones de euros que suponen un 40% de gasto del total del presupuesto ordinario. Un gasto desorbitado que un Ayuntamiento como el de Salou, con los ingresos actuales, no puede absorber ni sufragar si no es haciendo lo que hacen: tener el municipio totalmente paralizado.

Ante la decisión del gobierno Banyeres de desestimar las reclamaciones y las alegaciones al Presupuesto y a la Relación de Puestos de Trabajo

La Oposición estudia presentar un contencioso ante los tribunales
Otal i Brull debían de haberse abstenido de votar mejoras laborales y salariales para su esposa y su hermano respectivamente.
El asunto arranca cuando los grupos municipales de FUPS y PP tuvieron que presentar, ante la Subdelegación del Gobierno, escrito de impugnación del Presupuesto 2008, la plantilla y el organigrama de puestos de trabajo aprobados en sesión plenaria de diciembre de 2007, por la arbitrariedad y clara vulneración de principios básicos de los acuerdos adoptados por el gobierno municipal, y por lo cual se solicitó, por parte de la Oposición, que se declaran nulos de pleno derecho.
La alegación más importante hacía referencia a la vulneración del principio de “moralidad administrativa”, que se articula mediante la abstención y la recusación. Justamente la Ley reguladora de las Bases de Régimen Local establece que los miembros de las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar el la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra un caso de parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, y que dado el caso de incumplimiento “se podrá promover la recusación” y la invalidez de los actos.
Así pues, según la aplicación de la legislación serian nulos de pleno derecho todos los acuerdos adoptados mediante los cuales se incrementa de forma particular el sueldo del hermano del concejal ANTONIO BRULL y se mejoran las condiciones exclusivas laborales de la esposa del concejal PABLO OTAL, creándole un nuevo puesto de trabajo; dado que son modificaciones singulares y específicas que afectan solamente a estos dos funcionarios.
Queda claro que debieron de haberse abstenido en la votación para la aprobación del Presupuesto, de la Plantilla y la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo.

FUPS y PP interponen escrito de recusación contra Pablo Otal y Antoni Brull
Dado que el escrito de impugnación fue resuelto desestimándolo el pasado día 4 de febrero de 2008 por parte de gobierno municipal, sin que de nuevo se abstuvieran de la votación los concejales Antonio BRULL y Pablo OTAL, los dos grupos de la Oposición tuvieron que presentar escrito de recusación para que el alcalde, Antoni Banyeres, procediera a apartar a los concejales OTAL y BRULL de aquellos procedimientos de deliberación y votación donde concurran asuntos relacionados con los funcionarios familiares (esposa y hermano respectivamente).
Según FUPS-PP, “se da pues la paradoja, y una manifiesta ilegalidad, y por ello recusamos a estos dos concejales, de que la propuesta de acuerdo y la votación en la que se desestiman nuestras alegaciones que impugnan los acuerdos en los que han participado estos dos concejales es resuelta con el voto determinante de ellos mismos, incumpliendo una vez más lo establecido en la Ley”.
Añadian que “de acuerdo con la Ley, un concejal no puede participar en la deliberación, votación y decisión sobre la validez de su propio voto, por lo que en la sesión plenaria del pasado día 11 de febrero, Otal y Brull debieron de abstenerse en los asuntos donde se resolvía la impugnación; y como no lo hicieron, nos vemos obligados a acudir a los tribunales”.

Auditoría: facturas pendientes de la era Otal

La Auditoria encargada por el gobierno Banyeres sobre la situación económica municipal no descubrió nada. Solo desveló que existen deudas por facturas pendientes de pago que se remontan al año 2004 hasta el 2006, precisamente cuando el concejal de Hacienda era Pablo Otal. El remanente de tesorería que dejó el anterior gobierno FUPS-PP de casi 3 millones de euros, se tuvo que emplear en pagar esa deuda contraída por la mala gestión de Otal y el Interventor Juan Manuel Hernández.

FUPS exige al gobierno municipal que denuncie a El Mundo por la acusación falsa de manipulación de documentos públicos

Saltaba el pasado mes una noticia en el diario El Mundo en la cual se acusaba al Secretario General del Ayuntamiento de Salou de “sustraer documentos públicos para ser manipulados”.
En realidad correspondían a copias de actas de Juntas de gobierno y de plenarios de los años 2006 y 2007, en las cuales faltaba la firma del ex-alcalde, y por lo cual el Secretario decidió hacérselas llegar para validarlas.
Ante esta grave acusación de El Mundo, el equipo de gobierno se precipita a dejar claro que “no se tiene constancia que el contenido de estos documentos hayan sido manipulados”, además de anunciar que se reserva el derecho a tomar las medidas que considere oportunas una vez estudiadas las circunstancias y los hechos.
Por lo tanto, desde FUPS esperamos y exigimos que una vez comprobado que los documentos no hayan sido manipulados, el gobierno municipal no solo haga pública una nota de reprobación sino que curse la oportuna denuncia en los juzgados contra El Mundo por publicar acusaciones falsas y no contrastadas de “manipulación de documentos públicos”.

L’Oposició no assisteix a la inauguració de la Residència per a la gent gran

Amb motiu de protesta pel “cinisme” i la “hipocresia” de l’alcalde Banyeres
Els grups municipals de l’Oposició, FUPS i PP, van declinar la invitació a assistir a l’acte d’inauguració de la Residència sociosanitaria i centre de Dia per a la gent gran, amb motiu de protesta.
Els grups de l’Oposició van considar una “desvergonya”, una “indecència política”, i d’un comportament “cínic”, que l’alcalde de Salou, Antoni Banyeres, “inauguri ara allò que durant mesos va posar sota sospita denunciant presumptes irregularitats en la seva concessió”.
Recordem que l’actual alcalde, quan estava a l’Oposició, va denunciar en diverses ocasions la construcció de la Residència i els pisos tutelats complementaris, acusant a l’anterior govern de cometre certes irregularitats.
Per aquest motiu l’Oposició municipal no va assistir a l’acte, “amb motiu de protesta contra un actitud de falsetat, d’hipocresia i de joc brut emprada per l’alcalde Banyeres, amb la única finalitat de desgastar l’anterior govern sense cap fonament, i mostrant una incoherència política lamentable”. Afegien que “no volem compartir ni ser partícips d’una inauguració amb aquelles persones que van acusar falsament amb mentides només per obstruir la feina i els projectes dels altres”.
Els partits PSC, CIU i RDS que van posar sota sospita la concessió i l’explotació de la Residència, especialment important per millorar els serveis i la qualitat de vida de la gent gran, son ara els que “tallen la cinta”.
Perquè Banyeres no denuncia les suposades irregularitats?
Els grups de l’Oposició ja van mostrar la seva estranyesa davant la passivitat de l’alcalde, Antoni Banyeres. Es pregunten perquè no ha actuat ni ha ordenat cap mesura correctora si és que té fundades sospites que es van cometre irregularitats. Fet que, o el converteix en autor de falses acusacions quan estava a l’Oposició, o el converteix en encobridor.

La Vila, el mitjà més ben pagat

No ho diem nosaltres, sinó que ho certifica el propi Ajuntament a través del Gabinet de Comunicació. Segons informe d’aquest, la despesa total en publicitat per a la Festa del 30 d’Octubre (abans Segregació), ascendeix a 19.629 euros (quasi 3.300.000 PTA.). El setmanari LA VILA s’emporta quasi un 40% del total (7.540 euros), mentre que els altres dos mitjans locals (El Faro i Mediterranean Daurat) tan sols reben un míser 6% entre tots dos. A més, ni el Diari ni l’Aquí arriben de lluny a l’import de La Vila. D’alguna cosa ha de servir que un dels seus màxims propietaris i accionistes, Pascual Roche, sigui soci de l’alcalde Banyeres i càrrec de confiança de l’Ajuntament

El govern infringeix el dret a l’accés a la informació

Els grups municipals de FUPS i del PP, s’han queixat reiteradament de l’actitud obstructiva de l’equip de govern davant del dret a obtenir i accedir a tota la documentació i informació municipal.
El darrer episodi te a veure amb la petició feta fa mesos on l’Oposició sol·licitava còpia de l’escrit de la Regidora d’Hisenda ordenant a tots els departaments que es remeti a l’empresa de Correus tota la correspondència i còpia del contracte subscrit entre aquest Ajuntament i l’empresa de Correus. I que en cas que no s’hagués formalitzat cap contracte, que se certifiquéssin les condicions pactades entre l’empresa de correus i el polític que va intervenir en aquesta hipotètica negociació i/o pacte.
Donat que la legislació vigent preveu que la sol·licitud d’informació s’entén acceptada per silenci administratiu als 4 dies de la seva presentació, la Regidoria d’Hisenda està cometent una clara infracció.

Banyeres vol denunciar aquesta publicació

Davant el propòsit de l’alcalde de Salou, Antoni Banyeres, de denunciar aquesta publicació que editen els grups municipals de l’Oposició, FUPS i PP; volem manifestar el següent:

1.- Ens alegrem que l’alcalde hagi optat per denunciar el Butlletí de l’Oposició als Jutjats, ja que d’aquesta forma haurà de donar compte finalment si el que denuncia i publica aquesta publicació és veritat o no, ja que esperem que respongui a preguntes importants que es fa el ciutadà:

- Va formar part de la banda de Pedro Baret en una estafa multimilionària, i per la qual cosa va ser detingut, jutjat i empresonat?
- Va ser detingut i jutjat per haver participat en un atracament a ma armada a una joieria de l’Hospitalet de Llobregat?
- És veritat, doncs, que Banyeres va cometre, al menys, un delicte per estafa, i va estar relacionat amb un atracament a una joieria?

2.- Si el Sr. Banyeres considera que “Salou Més Positiu” mereix ser denunciat per publicar la veritat del seu passat tot basant-se i reproduint fidelment les informacions aparegudes a El País, La Vanguardia, l’Interviu, i la cadena COPE; pot ser també hauria de considerar de cursar les corresponents denuncies contra aquests altres mitjans, ja que a la fi i al cap són les fonts d’informació de la nostra publicació.

3.- Entenem que es tracta, doncs, d’un nou i lamentable episodi antidemocràtic de voler callar la veu a l’Oposició Municipal, intentant criminalitzar el seu òrgan d’expressió i d’informació tot atemptant, conseqüentment, contra el dret i la llibertat d’expressió i de manifestació

Un “certificado” que demuestra los delitos de Banyeres

En un medio de comunicación local afín al alcalde Banyeres, aparecen titulares y comentarios tan irrisorios y ridículos como “un certificado le deja libre de toda sospecha”, referida al delito de estafa por el cual estuvo en la carcel o al delito de atraco a mano armada por el cual fue juzgado. Ahora resulta que el haber sido encarcelado y juzgado es simplemente una “sospecha”, como si de una suposición se tratara. Nosotros preferimos llamarlo “hechos probados” según demuestran documentos y noticias, y que algún que otro testigo sabe y conoce.
Pero es que además, si alguien muestra un “certificado de antecedentes penales” del año 2007, pasados más de 5 años de haber cumplido la pena, como hace Banyeres, lo que demuestra es justamente la realidad de los hechos. El artículo 136.1 del Código Penal dice: “Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia e Interior la cancelación de sus antecedentes penales”. Y el artículo 136.2 dice que como requisito indispensable deben “haber transcurrido los siguientes plazos: …cinco años para las penas graves.”
Pero hay otro comentario que no tiene desperdicio por curioso. Al delito de “estafa”, el alcalde lo llama “accidente involuntario en los negocios” o “operación financiera y empresarial”. ¿Se dedica ahora Banyeres a crear un nuevo diccionario jurídico donde a los delitos de estafa se les denomina de esta forma?
Otro comentario que requiere también atención es cuando dice, respecto al atraco a una joyería: “exijo que se muestre cualquier sentencia que me inculpe de un hecho de semejante bajeza…”. No solo eso, sabe bien que hay testigos tanto de su detención por parte de la Policía como del juicio posterior.

Las claves de “pleno”

Des-aprobación de los Presupuestos 2008
Diciembre 2007
Intervención del grupo municipal del PP.
Alberto del Hierro.
- “sus prioridades las recoge el capítulo I “gastos de personal”, que arroja un aumento de 1.431.000 con respecto al inicial del 2007, un 14% por encima. Nosotros consideramos, a la vista de los diferentes detalles que presenta este capítulo, que ahí se está recogiendo una forma de atender aquello que de forma vulgar y coloquial se dice -qué hay de lo mío-“.

- “No queremos gobernantes que hagan oposición a la oposición, que nos acusen de no aportar nada con la finalidad de tapar sus limitaciones, no queremos gobernantes pasivos ante las dificultades de nuestra sociedad y no queremos gobernantes que por ansia de poder y por tener que cumplir compromisos, a veces, de dudosa higiene, tengan que recurrir a la voracidad recaudatoria a cargo de los ciudadanos para poder cumplir con esos compromisos”.

Intervención del grupo municipal de FUPS
Pere Granados:
- “nosaltres entenem que aquest pressupost no és un pressupost real, és irreal, perquè es pressuposten uns ingressos que no s’ajusten a la realitat. Com és possible que es digui que es recaptarà exactament igual que l’exercici passat en impost sobre la construcció i en plusvàlues quan la tònica general del país és de crisi econòmica de la construcció?.
Sra. Pasquina, vostè ha pressupostat la despesa en funció d’uns ingressos que són absolutament falsos per irreals”.

- “aquests pressupostos suposen un increment dels impostos molt important segons els informes dels tècnics de la casa, ja que diuen que “la diferencia entre los incrementos de los ingresos previstos en el presupuesto del 2008 y el incremento de las ordenanzas fiscales” només pot ser assolida per la previsió d’un augment de nous ingressos. Si vostès no creen nous impostos l’única solució que els hi queda és incrementar els impostos que ja hi ha”.

- “la despesa ha crescut un 14% del pressupost inicial del 2007 al pressupost inicial del 2008, i pel que fa al capítol I de Personal aquest puja un 11%, que obeeixen a interessos de partit i nous llocs de treball i càrrecs de confiança”.
- Les despeses d’Alcaldia han pujat un 80% i les despeses de promoció, publicitat i propaganda, un 100%. Escoltin, de què estem parlant? De serveis als ciutadans? Doncs crec que no”.

- els senyors de la Colina del Sol estaran molt contents perquè s’estan aplicant contribucions especials del 90-10%, i això és un pas enrera. Precisament el grup socialista votava sempre en contra d’aquestes contribucions perquè reclamava un 50-50%; i ara vota un percentatge que ja estava superat amb el govern de FUPS i PP amb un 60-40%”.

Turno abierto de ruegos y preguntas - Noviembre de 2007
Banyeres y el “geriatrico”

Pere Granados a l’alcalde:
- Vostè va fer unes declaracions a la premsa que van crear una gran alarma social relacionades amb el tema del geriàtric i els habitatges tutelats. Recentment, tinc aquí un altre retall de premsa en el qual diu vostè que és una gran iniciativa per part de l’empresa STS, i la meva pregunta és la següent: des de que vostè és alcalde, a 16 de juny de 2007, fins a la data d’avui, vostè ha pres alguna decisió, alguna mesura, per tal d’evitar aquestes irregularitats que vostè en el seu moment va denunciar?

Alcalde:
- Bueno pues, miri, jo, em sembla que aquestes declaracions que són, que són meves per descomptat, jo li he de dir que la premsa que en aquell moment estava, que encara també està aquí davant ho poden corroborar quan em van preguntar, concretament un periodista, que ara està aquí, em va preguntar si canviava la posició de l’Ajuntament respecte el tema, jo li vaig ser molt concret, li vaig dir, escolti’m estem parlant del geriàtric, el geriàtric, em el qual tinc molt clar que és una postura des de l’equip de govern, des de l’Ajuntament quina és la nostra sensibilitat envers el geriàtric i una altra cosa són els pisos tutelats. També és veritat, també és veritat que com que d’alguna forma el tema aquest està via judicial pues, jo entenc, entenc que és molt més prudent en aquest moment i molt més, jo crec que raonat, esperar que, bueno, des de la part legal que vostè n’és un gran defensor, es manifesti en aquest tema i en funció d’això i perquè ja ha agafat aquest camí i és així pues escolti, jo crec que ens hem de esperar a veure quines són aquestes determinacions i obrar en conseqüència.

Granados:
- Sí però, a veure, la pregunta és molt concreta i no me l’ha contestat Sr. Banyeres. Vostè deia que hi havia unes irregularitats, i diu que espera a veure què diu el jutjat, el jutjat és un Jutjat d’Instrucció, no té res a veure en matèria administrativa; per tant, vostè des de que és Alcalde coneix directament i sinó ha de conèixer, quina és la situació i s’hauria d’haver interessat donat que vostè denuncia unes irregularitats. M’agradaria que em digués si o no, perquè la pregunta és molt senzilla. Ha adoptat alguna mesura per tal d’evitar o subsanar aquestes irregularitats, Sr. Banyeres?

Alcalde:
-Ja m’ho ha dit, no repeteixi. A veure, vostè em diu que és una que està a un Jutjat d’Instrucció, Civil? Està a la Fiscalia, la Fiscalia ho ha portat…

Granados:
-D’Instrucció, i vostè ha d’anar a declarar i ho sap molt bé, Sr. Banyeres.

Alcalde:
-Ah, no, no. No, no, m’ho acaba de dir vostè, no en tinc ni idea.

Granados:
-Contesti, contesti, si us plau, ha pres alguna mesura?

Alcalde:
-No, no n’he pres però, ja li dic perquè, li he dit el motiu. Cap.

Granados:
-Molt bé. Jo, Sr. Secretari, voldria que certifiqués el contingut total i literal d’aquesta intervenció, tant meva com la del Sr. Alcalde i que es remeti al Jutjat d’Instrucció que coneix d’aquest assumpte.

El gobierno municipal desestima diversas propuestas de mejora de la Oposición

- Los grupos municipales de FUPS y PP presentaron una moción en la cual se solicitaba la adopción de las medidas oportunas para que en todos los aparcamientos municipales y zonas azules ubicadas en nucleos comerciales, la primera hora de aparcamiento fuera gratuita. Además se planteaba la necesidad de realizar un estudio para la promoción y dinamización del sector comercial de Salou, y para la creación de áreas/zonas comerciales con identificación propia, que permita dotar de mayor atractivo dichas zonas.
- La Oposición también planteó la ampliación del horario de atención al público de la Oficina de Atención Ciudadana, ofreciendo también servicio por las tardes de lunes a viernes, asi como los sábados por la mañana.
El horario de atención al ciudadano es insuficiente dadas las características del municipio. Salou es un municipio turístico, y los horarios laborales de la mayoría de ciudadanos requiere una mejor adecuación a sus necesidades.

El alcalde Banyeres fue detenido, juzgado y encarcelado por estafa

También fue juzgado por atraco a mano armada en una joyería

Así lo descubre y confirma la cadena COPE en sus informativos de los dias 29 y 30 de octubre, y 1 y 2 de noviembre (ver página 3), además de la prensa escrita de la época consultada, donde el nombre de Banyeres figura como implicado en varios delitos y por ello su ingreso en la carcel. 

La redacción de esta publicación ha tenido acceso al dossier Banyeres, cuyo autor ha querido permanecer en el anonimato porque parece ser que ya fué víctima una vez de los delitos de Banyeres y la banda a la cual pertenecía. Un dossier que disponen algunos medios de comunicación que han ido sacando a la luz este escándalo, y que es el mismo que, segun nuestras fuentes, también está en manos de la cúpula del PSC, que de momento esconde la verdad y lo protege con su sospechoso silencio.

Lo que dejan claro las pruebas del dossier es que el actual alcalde de Salou, Antoni Banyeres, formó parte de una banda de delincuentes profesionales conocida como la banda de “los guaperas”, capitaneada por Pedro Baret Herrero, y que cometió una estafa multimillonaria por falsificación de pagarés bancarios por valor de 322 millones de pesetas. La estafa fue muy famosa y convulsionó el mundo financiero de Barcelona de los años 84 y 85.  El documento también esclarece la relación y la buena amistad entre Banyeres y el clan Baret.

Hechos y pruebas 

Algunos medios de comunicación informaban lo siguiente del caso: 

- LA VANGUARDIA del dia 11-12-1984, decía textualmente (Noticia firmada por José Martí i Eugenio Madueño): “Detenido Pedro Baret, presunto cerebro de una falsificación de pagarés (....) pueden ser varios los apoderados que, aprovechando sus cargos de responsabilidad en entidades bancarias, han participado en la falsificación y colocación de los pagarés (....). Pedro Baret (....) tiene una historia que empezó a enmarañarse en noviembre de 1976, mes en que fue detenido por la Brigada Criminal de Barcelona y acusado de haber cometido atracos a mano armada”. 

- Según EL PAÍS de fecha 17-01-85, y en relación al delito de estafa, Banyeres es detenido por la Policía el lunes día 14, conjuntamente con otro miembro de “la banda”, que también se escondería en Salou después de la estafa y que hoy tiene carnet del PSC.  

- LA VANGUARDIA del mismo día 17 lleva también una pequeña reseña al respecto. Textualmente dice: “La policía ha detenido también a Antonio José Banyeras, apoderado de una entidad de ahorro, por su presunta relación con la citada estafa. (....). Los cuatro implicados ya están encarcelados.”

- Según  EL PAÍS, de fecha 18-01-85, el Juez ordena el encarcelamiento de Banyeres y ese mismo día ingresa en la prisión Modelo de Barcelona. Baret ya estaba en la cárcel.

- El 21-01-85, Marius Carol, periodista de EL PAÍS, publica un extenso reportaje titulado “La dinastía de los Baret”. En él se hace un recorrido por algunas de las fechorías de este clan familiar que trajo a la Interpol, a la Brigada Central y al Grupo de Estafas de la Policía de Barcelona, de cabeza durante más de 15 años. En él se nombra de nuevo a Banyeres. 

- El 3-12-86, INTERVIÚ, en su número 551, publica también un amplio reportaje sobre el clan de los Baret. En el se comenta que “la organización de Pedro Baret es conocida en Barcelona como “la banda de los guaperas” por el atractivo físico de la mayoría de sus integrantes”. Se cita de nuevo como miembro de la banda a José Antonio Banyeres Sabras .

El dossier sigue explicando que quince meses más tarde el 24-04-86, Banyeres sale de prisión en libertad provisional bajo fianza, debiendo presentarse periódicamente en los juzgados de Vía Layetana, en Barcelona, hasta la celebración del juicio. 

Cuando a principios de 1989, Pedro Baret sale de la cárcel, se instala en el Hostal Montsant, de Salou, junto con su compañera María Pilar Raventós. El hostal ya lo regenta Banyeres por aquel entonces.

Pero durante el verano de este mismo año, Banyeres es detenido de nuevo por la Policía de Barcelona junto con Pedro Baret, su compañera y Gabriel Camacho Hidalgo, acusados del atraco a mano armada en una joyería de Hospitalet de Llobregat. En el expediente que hay sobre Banyeres en las dependencias policiales de Tarragona, consta la solicitud judicial de entrada y registro del Hostal Montsant.

La detención de Banyeres, Baret y Raventós se realizó por miembros de la Policía de Barcelona en el mismo Hostal, y los detenidos fueron trasladados a las dependencias de la Vía Layetana. A los pocos días tanto Banyeres como Baret y Raventós fueron puestos en libertad provisional bajo fianza, debiendo de nuevo presentarse periódicamente en los juzgados hasta la celebración de este nuevo juicio como acusado de un atraco a mano armada. Camacho quedaría ingresado en prisión.

Un informe jurídico de ilegalidad tumbó una propuesta de Alcaldía

El alcalde Antoni Banyeres se vió forzado a modificar la  propuesta de modificación puntual de la Relación de Puestos de Trabajo, ante la denuncia de ilegalidad de los  técnicos municipales del Área de Gobernación.

En un informe jurídico emitido por el Secretario de la Corporación, el Vicesecretario  y el Cap de Sección de Recursos Humanos, justo antes de iniciarse la Comisión de Servicios Internos de Gobernación, se denunció que la propuesta de Alcaldía de fecha 13 de julio contravenía los principios democráticos y el principio  de legalidad.

La propuesta de BANYERES viola el artículo 37,2 de la Ley 7/07 de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público, por cuanto el nuevo Gobierno incumplía con  la   obligación  legal de negociar con los sindicatos los cambios organizativos que  repercuten  en las condiciones de trabajo de los empleados públicos, como es el caso que nos ocupa, ya que pretendía quitarles  competencias a los técnicos del Área de Hacienda para atribuírselas en exclusiva al  Interventor.

Ese es un ejemplo más del falso compromiso de diálogo, transparencia y participación de Pellicé (CiU) y Banyeres. Un gobierno que  se precie de participativo y dialogante no puede obviar la  negociación  con los representantes de los trabajadores, y en ningún caso cuando se trata de un imperativo legal.

Con esa  propuesta también se usurpaban competencias propias del Secretario General  de la Corporación,  se quebrantaba   lo preceptuado en los arts. 82 y 138 del ROF y 2.a, 2.c y 13,2 del RD 1174/1987. Además, sin potestad para ello, a la Secretaria de la Comisión de Hacienda la dejaban sin sus funciones esenciales: dar fe del desarrollo de la comisión informativa, y del redactado de las actas.

En este informe se pone de manifiesto  que  otros expedientes de personal se tramitaban desde el Área de Hacienda de forma paralela al Departamento de Personal, a través de  la Concejala de Hacienda, la Sra. PASQUINA, con total desconocimiento del Técnico Responsable del Departamento de Personal.

De la misma manera, los técnicos informantes se quejan y denuncian  la falta de entrega de los  expedientes con la antelación requerida por la Ley, (art. 177, 2  ROF).

Los Sindicatos UGT, CCOO y el Sindicato de la Policía Local (SPPMECAT) ya denunciaron, por escrito presentado el 16/07/07, de la ilegalidad  que se estaba cometiendo.

El nuevo equipo de Gobierno no sólo pretendía nombrar al Interventor coordinador del Área de Hacienda y otorgarle competencias de otros técnicos, sino que además, se le otorgaban competencias propias de los cargos políticos, como es la de dirigir, en cuyo caso la Regidora de Hacienda se quedaba vacía de contenido.

El Estado social y democrático de Derecho, art. 1.1 de la CE  impone, como premisa básica y esencial del mismo, que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico (art. 9.1 de la Constitución Española). Con el  actual equipo de gobierno  se está originando  una situación grave, se  perfila una   quiebra importante de los principios  básicos de un estado democrático y de derecho.  En este sentido, en el informe emitido por el   Secretario de la Corporación, el Vicesecretario  y el Cap de Sección de Recursos Humanos, se afirma textualmente: “De acuerdo con los principios democráticos y el principio de legalidad recogidos en el CE, toda actuación pública se ha de someter al derecho y sujetarse a la legalidad vigente.  El expediente analizado  obvia trámites procedimentales importantes que pueden abocar  a la nulidad de pleno derecho del acuerdo que la corporación adopte”.

Ahora están trabajando otra propuesta en la que priman los intereses de partido (del PSC), los amiguismos de Otal y Pellicé, el pago a sus “fieles” servidores, y la venganza política.

Informatius COPE

Transcripción literal de emisiones

29 de octubre de 2007

Programa La Linterna 

“(....) han començat a transcendir possibles interessos urbanístics que estarien darrera del pacte de govern a Salou entre CiU, PSC i RDS.

L’alcalde de Salou, el socialista Antoni Banyeres, forma part d’una societat limitada amb domicili a Scala Dei, juntament amb 17 socis més. D’aquests, 9 son empreses dedicades a la promoció i gestió immobiliària, i al menys 8 d’elles tindrien interessos immobiliaris directes a Salou, segons la documentació a la qual hem tingut accés.

També hi figuren a la societat dos càrrecs públics que pertanyen a CiU, i el constructor Josep Maria Huguet (......)

Crida l’atenció que Banyeres tingui negocis privats i no coneguts fins ara amb Huguet (.....) i crida l’atenció que dos membres de CiU amb càrrecs públics, pertanyin conjuntament amb l’alcalde socialista en aquest societat (....) i més tenint en compte que un d’aquests convergents (Pascual Roche) tindria també interessos directes en un altre solar de la ciutat, el de l’antiga Duana, pendent de requalificació per part del govern salouenc (....)”.

1 de noviembre de 2007

Programa La Palestra

“(.....) el alcalde Antonio Banyeres, ha confirmado su vinculación con el negocio político e inmobiliario que tiene a medias con constructores, promotores, y dirigentes de Convergencia y Unió (CiU) en las comarcas de Tarragona.

Antonio Banyeres (....) asegura estar muy tranquilo, ya que incluso afirma que le ha investigado la CIA por otros temas y nunca le han encontrado nada. 

La redacción de COPE Tarragona a podido saber que el alcalde de Salou también a estado investigado por la INTERPOL, por estar presuntamente implicado en delitos de estafa y atraco con armas. Unos hechos que son conocidos por la cúpula del PSC, tanto de Tarragona como de Barcelona, y que con todo ello no tienen inconveniente que Banyeres continúe siendo el alcalde de Salou. (....)”

También estuvo investigado años atrás por la INTERPOL, en este caso por su pertenencia a una banda de estafadores barcelonesa dirigida por Pedro Baret, conocido delincuente de la ciudad de Barcelona en los años 80, y de aquí ya no salió tan bien parado. Entre los delitos por los cuales estuvo investigado, detenido y encarcelado Banyeres, figura una estafa por valor de 20 millones de las antiguas pesetas con pagares bancarios falsos, y un atraco a mano armada en una joyería de l’Hospitalet de Llobregat. Además, otro miembro del Partido Socialista de Salou, Francisco Javier Asensi Jiménez también formaba parte de esta banda delictiva conocida como la “banda de los guaperas. (....)”

Ante el escándalo delictivo

La Oposición pide la dimisión del alcalde Banyeres 

Ante las graves y alarmantes informaciones aparecidas en diversos medios de comunicación sobre el pasado delictivo del alcalde, Antoni  Banyeres, los grupos municipales en la Oposición no pueden por menos que manifestar su perplejidad y preocupación, debiendo  de pronunciarse al respecto por responsabilidad política, por responsabilidad moral y por lealtad institucional.

A la vista de las informaciones, nos vemos obligados a pedir su dimisión como alcalde y como concejal de este Ayuntamiento de Salou, por los siguientes motivos:

- Por haber actuado con total deshonestidad y haber engañado a los ciudadanos, negando durante la campaña electoral de haber delinquido en el pasado y por lo tanto faltando a la verdad. 

- Porque mintió también a los ciudadanos al no manifestar claramente en su programa electoral que se pretendía y se impulsaría una política de recalificaciones urbanísticas. 

- Porque no creemos que sea ético ni estético que un alcalde forme parte de una sociedad dónde la mayoría de sus miembros son personas relacionadas con el mundo inmobiliario y tienen intereses urbanísticos en Salou. Todo hace sospechar que las pretendidas recalificaciones deben beneficiar a algunos miembros de esta sociedad. Y si no pongamos dos ejemplos: uno de los miembros de la sociedad y cargo de confianza del Ayuntamiento, Pascual Roche, está relacionado directamente con la propiedad de la Aduana (ahora dice que hace dos años que vendió sus participaciones, pero su socio Angel Vicente sí que continúa); y José María Huguet, también miembro de la mencionada sociedad, és propietario de terrenos y parte interesada en la práctica totalidad de los sectores urbanísticos de Salou. La Aduana y el SECTOR 03 son dos ámbitos que ya han sido anunciados como objetos de recalificación, que comportarían beneficios y plusvalías multimillonarias para los propietarios. 

- Porque además creemos que es de una irresponsabilidad sin límites el mero hecho que un alcalde forme parte de una sociedad de este tipo, ya que ofrece una imagen de república “bananera” a nuestra localidad y perjudica la imagen política de la institución.

- Porque entendemos que si el Alcalde quiere intentar hacer negocios y beneficiar a ciertas personas no lo debe hacer aprovechando su cargo sino desde fuera del Ayuntamiento y de la política. Por ello le pedimos que actúe con responsabilidad y respeto hacia los ciudadanos y la institución, y presente su dimisión por higiene democrática. 

Según FUPS y PP, los ciudadanos tienen derecho a saber el pasado delictivo de los cargos públicos

La Oposición cree que “hemos de saber a quién confiamos la gestión de los intereses generales, porque según la Ley, el pasado delictivo de una persona tiene trascendencia más allá de su esfera personal”. 

Ante el escándalo donde diversos medios de comunicación imputan al alcalde Banyeres la comisión de  delitos, y su encarcelamiento, este  se defiende alegando que se trata de un accidente y  que es una cuestión personal. Y de este modo Banyeres pretende quitar importancia a un tema que de gran  trascendencia  jurídica, por cuanto la  Ley  de contratos de las Administraciones Públicas prohíbe, taxativamente, contratar con la administración a todas las personas  que hayan estado condenadas por sentencia como autores de diversos delitos, entre los que se encuentran  los delitos que la prensa dice haber cometido el  alcalde de Salou. El art. 20 de la referida  Ley, que lleva por título,  “Prohibiciones de contratar”, dice textualmente que: “En ningún caso podrán contratar con la Administración las personas que hayan sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de falsedad, contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico,… “.

Por lo tanto, el pasado delictivo de una persona tiene trascendencia más allá de su esfera personal, y con mayor motivo  si se trata de  un Alcalde,  por el cargo público que ostenta y representa;  sin olvidar que los juicios penales son públicos, y las sentencias también.  

Además, siguiendo lo establecido en los apartados 1 y 3 del artículo 103 de la Constitución Española, las administraciones públicas han de servir con objetividad los intereses generales, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho. Esta misma exigencia se traslada a sus autoridades, que deben tener un comportamiento ejemplar que evite situaciones comprometidas y sospechosas. En estos términos los Tribunales hablan de “moralidad administrativa”, que debe articularse mediante las técnicas de la abstención y la recusación.

Este comportamiento que todos debemos asumir como miembros de esta Corporación, nos conduce directamente, a raíz de las noticias aparecidas en los medios de comunicación, a un grave problema en nuestro municipio al haberse podido constatar la relación directa que el alcalde y un cargo de confianza del concejal de CiU, SALVADOR PELLICÉ, poseen con personas relacionadas con el mundo inmobiliario y urbanístico del municipio de Salou.

Las declaraciones de Banyeres después de salir a la luz su historial delictivo.

De entrada niega las acusaciones y manifiesta “perlitas” como las siguientes:

- “Yo no he hecho nunca nada que me reporte un remordimiento de conciencia”. ¿Tendrà amnesia o simplemente es caradura? Un hombre de principios y valores éticos un tanto extraños. 

- “Pudo haber un tema puntual en mi pasado con el que habría algun problema”. Aquí ya recobra un poco más la memoria y reconoce haber tenido algun problema, aunque ¿delinquir durante algunos años es un tema puntual o un modus vivendi? 

- “No hay nada que me pueda obligar legal o moralmente a dejar la alcaldía. Tengo la conciencia tranquila: pude haber estado involucrado en un accidente”. Aquí vuelve a caer en la desmemoria. Cuando se le pregunta por su pasado delictivo solo recuerda haber tenido algun  accidente. ¿De circulación quizás? Es normal que quien no recuerda un turbulento y oscuro pasado, no tenga problemas morales ni problemas de conciencia. Pero para eso estamos nosotros; para hacerlo participar en una terapia colectiva donde explique y reconozca la verdad de sus fechorias, y quizás entonces entienda porque moralmente debe dimitir del cargo: para no desprestigiar la institución municipal y el buen nombre de Salou; y por haber engañado a los electores negando y escondiendo su nada glorioso pasado.    

Por cierto. Mientras Salou continuaba luchando con ilusión por su futuro y por la Segregación, en el verano de 1989, Banyeres era detenido por la Policía en el mismo centro de Salou, en el Hostal Montsant, por presunta participación en un atraco a mano armada. Después de 18 años, todo un honor tenerlo como alcalde. Lo primero que se le ocurre es eliminar el nombre de la Segregación. ¿Malos recuerdos quizás?

La Oposición pregunta al alcalde por que no ha actuado si cree que hubo irregularidades en la concesión del geriátrico

También se pide el cese del Jefe de Prensa por no cumplir los requisitos exigidos para ocupar el puesto

Los grupos de la Oposición (FUPS y PP) han reclamado al alcalde, Antoni Banyeres, que haga algo si tiene fundadas sospechas que en la concesión de las obras y la explotación de la residencia sociosanitaria para personas mayores y los pisos tutelados han existido irregularidades. 

Pere Granados, de FUPS, ha preguntado a Banyeres por que después de haber acusado al anterior Gobierno (CIU-FUPS-PP) de irregularidades en la citada concesión y habiendo  generando una grave alarma social, no ha ordenado ninguna medida tendente a subsanar y/o corregir tales irregularidades siendo él, como alcalde, el responsable máximo de ese asunto desde hace más de cinco meses. 

¿Demuestra ello que no hay irregularidades y que solo se puso bajo falsas sospechas a los grupos que entonces gobernaban, intoxicando y engañando a los ciudadanos? Los Tribunales lo dirán, y Banyeres tendrá que declarar por ello. Y tendrá que justificar, si se da el caso, el por qué no ha adoptado medida alguna para corregir esas hipotéticas  irregularidades, y por qué ha permitido  que el geriátrico y los pisos tutelados se estén construyendo bajo esas irregularidades. El alcalde Banyeres, de encubridor se habrá convertido en autor de sus propias irregularidades. Y si apela a la falta de algun informe económico, tendrá que pedir responsabilidades técnicas al actual Interventor, por ser en aquel entoces el máximo responsable técnico de toda el Área de Hacienda; y políticas al que fuera concejal de Hacienda, Pablo Otal.  

Entre tanto, Pere Granados ya ha aclarado que, visto lo visto, llevará al juzgado el acta del plenario donde se refleja que Banyeres da apoyo al Geriátrico y los pisos tutelados tal y como lo aprobó el anterior Gobierno y donde declara no haber hecho nada después de acusar de presuntos indicios de delito la concesión que ahora defiende. 

Por otra parte, los miembros de la Oposición, habiendo hecho las comprobaciones pertinentes sobre el cumplimiento por parte del actual Jefe de Prensa, Jordi Rom, de las exigèncias tècnicas y académicas necesarias para ocupar el  puesto, piden su cese. A lo cual el Gobierno responde degradando el pusto de trabajo, y rebaja los requisitos para adaptarlos a la medida del cargo de confianza. 

Se denuncia

Zona deportiva en estado penoso

Desde este pasado verano, la pista polideportiva de la calle Maria Castillo, frente el CEIP Salou, presenta un lamentable aspecto de dejadez. Incluso le falta un trozo de la valla perimetral. Suponemos que tiempo suficiente se ha tenido para mantener en buen estado esta zona y arreglar los desperfectos. Se nota que ni políticos del gobierno ni cargos de confianza pisan la calle, lo cual provoca que ciertas zonas públicas de Salou presenten su pero imagen.

El Ayuntamiento hace pagar a los equipos de aficionados al fútbol de Salou el alquiler de las instalaciones

Para participar en el Campeonato de Fútbol 7 que tiene lugar en las instalaciones del Estadi Municipal, cada equipo de Salou ha tenido que pagar 750 euros de inscripción más 90 de depósito, de los cuales, 373’26 euros, corresponden al alquiler de las instalaciones. Por lo tanto, el Ayuntamiento repercute sobre las personas que forman parte de los equipos  el coste del alquiler de las Instalaciones Municipales Mientras que el Ayuntamiento recaudará 6.750 euros de los 9 equipos participantes; su aportación al Campeonato es de 490 euros, un escaso 7% del coste total. Todo un detalle. Esa es la política de ayuda al deporte del equipo de Gobierno. 

La oposición pedirá reconvertir el solar de la Aduana, en zona verde pública

Después de desvelar que el solar que ocupaba la antigua Aduana podría ser recalificado de hotelero a residencial, con lo cual se potenciaria la construcción de más pisos, la Oposición municipal solicitará que de plantearse la modificación de sus usos, esta sirva para recuperar un solar privado y convertirlo en una zona estrategica para el uso público. 

Según FUPS y PP, el Gobierno municipal tiene ahora la oportunidad histórica de acallar los rumores de una recalificación que supondría un aumento de valor de unos 2.220.000 millones de las antiguas pesetas;  y de esta forma recuperar para la comunidad 2.247 m2 de suelo en el centro mismo de la población, convirtiéndolos en una emblemática zona verde, continuación de la Plaza Bonet, aireando con ello una zona urbanísticamente comprimida junto a la calle Barcelona. Ello podría ir combinado con la construcción de dos subterráneos que, aplicando un ratio generoso, tendrían capacidad para un total de 180 plazas de aparcamiento, descongestionando la zona y permitiendo una mayor movilidad rodada y, consecuentemente, favoreciendo el acceso de las personas al centro histórico de la población. Según la Oposición, en principio se dan todos los motivos que facultan al Ayuntamiento para proceder a la expropiación del solar referido o a su permuta: oportunidad, legalidad y función social. Respecto a la financiación de la expropiación, esta no tendría ningún problema dada la gran cantidad de terrenos urbanizables que el Ayuntamiento posee para poder permutar, y menos aún al tener que expropiar a precio de techo hotelero, infinitamente más económico que el residencial. Con esta iniciativa el Gobierno eliminaría las sospechas de su avidez recalificatoria para beneficio privado. Unas sospechas bien fundadas si nos preguntamos por qué una inversión millonaria, como fue la compra del solar, no se ha rentabilizado aun.

Desde que se formalizó la compra ha tenido tiempo suficiente para presentar proyecto y obtener la licencia de obras para la construcción de un hotel. 

Según FUPS, si no se llevó a cabo esta expropiación en su día, fué porque nadie los  acusó nunca de querer recalificar el solar de la Aduana, sino más bien todo lo contrario: “se nos presionó para que lo hiciéramos: para pasar el uso basicamente hotelero a un uso basicamente residencial”.

Parece que ni FUPS ni PP permitirán ninguna operación urbanística que facilite a un promotor privado la obtención de un beneficio multimillonario propiciado por el gobierno municipal.